Argentina: Okupas, el delito que no se puede nombrar

La Prensa, Buenos Aires

Como si el año 2020 se negara a dejar de escupirnos su pútrido magma desde los interiores oscuros, en Argentina tenemos una multitudinaria ola de usurpaciones de propiedades y tierras como no se ha visto en décadas. Entre los corrillos del punterismo político ya es vox populi que las tomas son the new saqueos. Vale decir, la versión 2.0 de la explosión de conflictividad social que alcanzó su cúspide en la crisis de 2001 y que se manifiesta recurrentemente cuando las frágiles redes de contención de nuestra creciente pobreza se rompen.

Las tomas, como los saqueos, son delitos que tienen el mal de Voldemort. Como el villano de la saga Harry Potter, son cosas que no se deben nombrar, en función del efecto contagio y de la naturaleza de los mismos en relación a la participación de familias, de niños y porque se desbordan con extrema facilidad. También tienen en común que son un imán para la prensa y que acá no hay pauta que valga, ningún noticiero se resiste a estos espectáculos.

Negar la coordinación de estas acciones es ingenuo, pero la suma de condiciones favorables a las tomas también ha dejado la mesa servida. Después de todo, ningún fenómeno social es de generación espontánea y tal vez debamos revisar por qué aplica tanto a nuestro país aquel dicho de “levantamos tronos a las premisas y cadalsos a las consecuencias”.

Socialismo del siglo XXI

Del lado de las premisas entronizadas, la exaltación del fenómeno okupa vive su momento de oro en el ideario del socialismo del Siglo XXI. Se trata de un fenómeno que permite amuchar distintos colectivos identitarios victimizados. El indigenismo, el pobrismo y la inmigración. Un combo marketinero que deja de lado el hecho de que la inmensa mayoría de los pobres y de los inmigrantes ni quieren ser representados por estos colectivos ni recurren al delito para escapar de la precariedad habitacional. Pero sabemos que el tema no se trata de datos sino de relato y que el único interés de los gestores de la pobreza reside en su crecimiento, el de la pobreza, claro, cosa para la que han demostrado ser exitosos.

En efecto, se trata de maquillar un movimiento basado en la violación de la propiedad en un modelo idílico de solidaridad social. Para esto, tanto en los casos de las villas, de las casas tomadas, de las usurpaciones de terrenos fiscales y de los asaltos e incendios de movimientos indigenista en el sur, la constante será ponerle rostro a los usurpadores, ahondar en su historia personal y generar esperanza en el proyecto de un mundo feliz sin conflictos ni egoísmos en donde el único mal vendrá del lado de quienes se opongan a la utopía “ocupa”.

Nunca en la historia de la humanidad los débiles han salido beneficiados del caos y la arbitrariedad. El crecimiento exponencial de las villas de emergencia, asentamientos precarizados o el eufemismo de moda que usemos para describir la miseria habitacional es claro ejemplo de que promover estos movimientos es promover la decadencia de quienes allí viven. ¿Por qué persistimos en el fracaso, entonces? 

Quienes usan las tomas para apalancar su carrera política, suelen decir que las ocupaciones se establecen sobre bienes fiscales, o sea, bienes que son del Estado, (porque parece que lo del Estado no es de nadie y el gobernante de turno tiene la varita mágica de regalarlo generosamente). Pero esto no es cierto. Se ocupa todo lo que se puede, incluida casitas de fin de semana, departamentos en edificios, locales, terrenos privados y, obviamente, terrenos fiscales, cuanto más valiosos estratégicamente, mejor. Ese fenómeno sigue creciendo y los voceros dicen estar denunciando la injusticia social del capitalismo sobre el uso del suelo. Tergiversan el derecho a disfrutar de una vivienda digna con la obligación del Estado o la sociedad a proveerla. Pero tergiversan algo aún más profundo y grave: las reglas del juego, dicho en otras palabras: el imperio de la ley.

Cuatro principios

El imperio de la ley, (el famoso Rule of Law) es un logro cívico cuya finalidad es la protección del débil frente al avasallamiento. Tiene tiene 4 principios:

1. El de generalidad que dice que la ley debe ser neutral y no debe saber de antemano a quién va a afectar. 
2. El de igualdad que dice que todos somos iguales ante la ley sin que se tome en consideración ninguna circunstancia personal.
3. El de certeza que dice que las leyes deben permanecer a lo largo del tiempo para que sean conocidas e interiorizadas.
4. Y finalmente el principio que dice que si la acción de gobierno afecta los derechos fundamentales de una persona (incluida su propiedad), esta persona tiene derecho de someter la acción del gobierno a juicio.

Bueno, en Argentina el imperio de la ley es la verdadera utopía. Nadie respeta las reglas del juego y el producto de esto es la aberrante cantidad de pobres e indigentes usados como moneda de cambio, sin esperanza ni futuro. Dependen de los poderosos porque rompimos todas las reglas y acá la milonga ya no es la economía menguante, sino las alteraciones a todos los principios del imperio de la ley:

1. Adulteramos el principio de generalidad con leyes y decretos pensados para favorecer intereses temporales o partidistas. O peor, para tomar revanchas personales.
2. Adulteramos el principio de igualdad con todo tipo de discriminaciones “positivas”, incluso basadas en arbitrariedades como el objeto de deseo sexual de los beneficiados, regulaciones injustas para el que se esfuerza, generando anomia en el resto.
3. Adulteramos el principio de certeza y resulta que lo que hoy es válido mañana será ilegal, tenemos leyes que juran que no se hará lo que en el cortísimo plazo se termina realizando. Somos los paladines de la inseguridad jurídica.
4. Y adulteramos, claramente, el principio de que la acción de gobierno es judicializable y penable: acá desde el gobierno se puede hacer cualquier cosa y nadie va preso.

Hipocresía social

No hay nada que se pueda hacer por los necesitados si no los ampara la ley. La hipocresía social puede ensalzar al ocupa si lo tiene lejos, pero nadie quiere convivir ni cerca de asentamientos, villas o tomas. Es un estigma la villa y no se supera el infortunio promoviendo el ghetto.

El engaño de la usurpación no se ve en lo que dicen sino en lo que hacen: no es verdad que las villas se rehabiliten ni es cierto que con la estabilización de la ocupación las viviendas se revaloricen. Basta una brevísima inspección para ver que las urbanizaciones y los asentamientos se degradan, y la asistencia para pagar servicios es la norma, la dependencia se enquista. A posteriori, se establecen escuelas y oficinas institucionales dentro de los asentamientos como un servicio más brindado por el Estado y esto elimina oportunidades de salir de lo que la intervención ha convertido por las buenas en un gheto. Todo esto no promueve el crecimiento ni la diversidad social. Es una mentira grande como un zapallo.

Sin una salida judicial y con la pasividad de los gobiernos, se están consolidando las tomas en todo el país. En las redes sociales se ofrecen lotes garantizados por la palabra santa de los punteros, que explican a su carne de cañón que los inmuebles al pasar 20 días de usurpación están ganados. Las complicidades de esta faena son una telaraña imposible. Punteros políticos, fuerzas de seguridad, funcionarios municipales o judiciales, parientes de políticos. La burocracia oficial tampoco se queda atrás: departamentos nacionales, locales e internacionales de “hábitat” establecen el diálogo con los ocupantes, pero todos sabemos quienes son los que a la postre son designados para negociar.

Quienes avalan las tomas dicen a los medios que lo hacen para emparchar lo que ellos llaman fallos del mercado producidos porque las personas, por culpa del capitalismo, no actúan como preveían sus utopías, cosa que ocurre siempre porque nadie sabe nunca cómo van a actuar las personas. Los políticos hacen como que ellos sí lo saben y diseñan vía regulación estatal un mundo perfecto, justo, equitativo, igualitario, solidario, ecológico y sostenible. ¿Cómo pueden los defensores de las tomas y las usurpaciones avaladas desde el poder político decir que estos movimientos van a suprimir los efectos negativos del egoísmo de los hombres, ignorando que los usurpadores, sus líderes, los políticos y los funcionarios judiciales son también humanos y, por tanto, también expuestos a las mismas debilidades del “mercado”?

Socialismo del siglo XXI

Existen dos mitos constructivos del arquetipo del relato okupa. Uno es la pretensión de espontaneidad de los movimientos y el otro es que se presenta a la vivienda como un bien que abunda y que es escatimado por algún tipo de maldad intrínseca.

Sin embargo, en las usurpaciones el desamparado es un engranaje más, ni siquiera el más importante. Es fungible, vale el tiempo que sirva como escudo. Para evitar la flagrancia lo levantan de madrugada, abuelos, niños, mascotas, todo arriba de un camión desvencijado a las apuradas. A veces se les proveen carpas y materiales para el precario loteo, si no, servirán  chapas, estacas, lonas. Cuando llega la policía es tarde: los ocupas tienen órdenes de no moverse, esto a cambio de los trueques más diversos: bolsas de comida, planes, celulares. Una vez que interviene un organismo estatal empieza a girar la rueda, ya está, entran los negociadores de su miseria. Si tienen suerte recibirán unos breves metros cuadrados, sino tal vez una pequeña paga y a moverse de nuevo a la zona de origen.

A la ambigüedad que nace de la falta de ley, le crecen un sinfín de exóticas normas. Ejemplo de esto es que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires obliga por ejemplo a que se llegue a “soluciones amistosas” con los okupas. Y para mayor abundamiento la ley provincial 15.172, de este año, prohíbe "toda ejecución" que afecte "a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular". O sea, el aparato judicial al servicio de la barbarie.

¿Cuáles son los alcances de este amparo a la usurpación? Si no se puede actuar legalmente, nada impedirá que nuevos usurpadores usurpen a los que ya usurparon y se generen así capas geológicas de usurpaciones. ¿Cómo se desarma eso? No es difícil imaginar la respuesta: la ley del más fuerte. Pierde el débil. Volvemos al valor del imperio de la ley.

La fe en la autoridad nos da la ilusión de seguridad y nos libera de las decisiones difíciles. Pero un sobrio análisis muestra que el proceso político ha degenerado en caos. Ahora las estructuras políticas más expuestas al territorio tienen miedo. El Gobierno refuerza la seguridad y duda de todo. Se denuncian golpes, se sobreactúan gestos adustos.

Hace exactamente 20 años, por el canal estatal nacional 7, se emitía el primer capítulo de la serie de culto: OKUPAS y aún hoy en YouTube las vistas no paran de crecer. La historia contaba el desalojo de una casona del centro porteño en el que vivían ilegalmente varias personas. De ahí en más, se sucedían las desventuras de los protagonistas alrededor de su miseria habitacional y de los abismos de la marginalidad. La pieza artística fue, por cierto, multipremiada. 20 años de estetización y glorificación del pobrismo, una frivolidad que se pueden permitir los que promueven las tomas porque no son los obligados a sentarse bajo un pedazo de nylon a la espera de que negocien con su pellejo.

Las tomas están plasmando una batalla interna, las chozas son el campo de marte. Ocupar ES usurpar y usurpar ES delito, aunque algún vivo diga lo contrario. En la Argentina a veces hay que explicar lo obvio.