El desafío fiscal de las autonomías en Bolivia

La Gaceta

Decir que Bolivia vive una profunda crisis política solamente a partir de la caída de Evo Morales en noviembre de 2019 –o a partir de que este decidió extender su mandato constitucional de manera deliberada y obviando los resultados del referéndum de 2016 que se lo impedían– sería, sin duda alguna, un error muy significativo.

Hoy el país enfrenta un desafío con el estado y rumbo de su economía, cuyos problemas no empiezan en 2020 con la pandemia ni con el gobierno de Jeanine Áñez, sino con el modelo económico implementado ya en 2006.

Hace tan sólo unos días el Tribunal Supremo Electoral anunció que el país celebrará elecciones departamentales y municipales el 7 de marzo de 2021. Llama la atención la cantidad de candidatos que han ido confirmando su participación en los últimos días y horas. Lo hacen como si se tratara de un evento político más de los muchos que ha habido en los últimos 15 años.

Da la impresión de que se volverán a perder oportunidades únicas para preservar la libertad como en las elecciones del pasado 18 de octubre.

La piedra angular del “Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano” (MESCPB) es el estímulo de la demanda agregada interna mediante el incremento permanente del gasto público, y paradójicamente, las autonomías no sólo lo han avalado, sino que además han dependido de él desde el primer día en que fue implementado, entrando en una disputa permanente de recursos con el Gobierno Central.

Muchos autonomistas, incluidos expertos en la materia, han sostenido por años de manera equivocada que para consolidar la aprobación de los estatutos autonómicos departamentales lo que se requiere es un pacto fiscal, mismo que consiste en la elaboración de un sinfín de argumentos para justificar el incremento permanente del gasto público.

“No hay autonomía sin recursos”, solían decir, pero así como no no hay adolescente independiente con la chequera de sus padres, tampoco hay pacto fiscal posible que aguante la voracidad de las autonomías.

Aunque a partir de la caída de los ingresos por exportación de materias primas a mediados de 2014 la discusión ha perdido mucha fuerza, o simplemente ha desaparecido, lo más probable es que los distintos candidatos resuciten las propuestas del pacto fiscal en un entorno de crisis.

Probablemente lo harán para disputarse de manera violenta –como en el pasado– no sólo los recursos provenientes del incremento de la deuda pública externa, sino además para indagar en la posibilidad de que cada autonomía, sobre todo las departamentales, tengan la posibilidad de crear y recaudar sus propios impuestos.

Sin embargo, la descentralización, las autonomías o el federalismo tienen un espíritu enteramente liberal clásico, es decir que responden a la afirmación voluntaria de un pueblo de separarse de un gobierno superior como resultado de una serie de agravios.

Como decía Ludwig von Mises, “ningún pueblo ni parte de un pueblo será retenido contra su voluntad en una asociación política que no desee”.

En otras palabras:

¿De qué serviría la descentralización administrativa territorial si lo único que se pretende con ella es reemplazar a un cobrador de impuestos por otro?

¿Cuál sería, por ejemplo, el incentivo que tiene ningún ciudadano de permanecer en Santa Cruz o emigrar allí si acaso se le hace cada vez más difícil ejercer su libertad para prosperar por su propia iniciativa –como ha sido durante gran parte de su historia–?

Por el contrario, si un departamento como Santa Cruz quiere aprovechar este momento de crisis, lo primero que hará es recortar el gasto público estructural de sus distintos niveles de administración pública territorial, y reducir el número de atribuciones y competencias sobre la economía departamental, pero no en favor del Gobierno Central, sino de la capacidad inventiva de sus ciudadanos.

Así como también decía Ayn Rand, “la minoría más pequeña del mundo es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender además ser defensores de las minorías”.

Santa Cruz bien puede aprovechar con visión de largo plazo este momento histórico y emular los principios de competencia fiscal reciente del Uruguay, donde Lacalle Pou, entre otros aspectos, redujo el valor de la propiedad que una persona debe poseer y la inversión mínima requerida a extranjeros para hacer negocios y extendió el período de exenciones impositivas sobre rentas obtenidas en el exterior.

Así como cuanto menores y más sencillos son los impuestos que puede establecer un país respecto de otros, también lo pueden hacer unos departamentos  o incluso municipios respecto de otros en Bolivia.

Entonces, ¿qué es lo que quiere un departamento como Santa Cruz, Tarija o Potosí? ¿Arrancar recursos del Gobierno Central con nuevas propuestas de pacto fiscal, o atraer la inversión privada internacional mediante los incentivos de la competencia fiscal?

riosmauricio.com