El colectivismo de derechas también es una amenaza para la libertad

El Confidencial 

El liberalismo se preocupa por la economía, pero no solo por la economía. El liberalismo combate al colectivismo de izquierdas, pero no solo al colectivismo de izquierdas. Cualquier paradigma filosófico o movimiento político, de izquierdas o de derechas, que apueste por limitar la esfera de libertad, personal o económica, de un individuo merecerá una fundada crítica desde planteamientos liberales, esto es, desde aquellos planteamientos que reputan la libertad individual como el valor central que ha de estructurar un ordenamiento jurídico.

El éxito de Vox en Vistalegre ha colocado el foco mediático sobre esta formación política hasta ahora minoritaria. La izquierda parece temerla con especial virulencia y ello ha llevado a que dentro del antiizquierdismo militante se la haya comenzado a contemplar con buenos ojos: “Los enemigos de mis enemigos son mis amigos”. Sucede que aquellos que antepongan la libertad personal a otros valores no podrán sentirse atraídos por Vox. El partido es una mezcla de colectivismo nacionalista, jacobinismo administrativo, conservadurismo estatalizador y dirigismo económico, todo ello aderezado con atractivas promesas de recortes tributarios que, empero, no se explica cómo van a ser financiadas. Tildarlos de extrema derecha me parece desde luego excesivo y simplificador, pero ciertamente existen guiños inquietantes a varios planteamientos típicos de la extrema derecha.

Basta con que echemos un ojo a sus '100 medidas para la España viva' y comprobaremos cómo esta formación antepone el nacionalismo, el jacobinismo, el conservadurismo y el dirigismo a la protección de la libertad individual:

– Colectivismo nacionalista: Vox apuesta por ilegalizar partidos, asociaciones y ONG que busquen acabar con la unidad de España (punto 2); por perseguir penalmente con más saña a aquellos que ofendan la idea de España o a sus símbolos (punto 3), y por adoctrinar a los ciudadanos en una determinada visión de la identidad nacional española (punto 8). Es decir, la libertad de pensamiento, de asociación y de expresión quedan absolutamente subordinadas a la sumisión a 'su' idea trascendente de España.

Además, y como parte de esa visión gregaria y cerrada de la identidad nacional, desde Vox también se impulsa una política fronteriza antimigratoria: deportación de inmigrantes ilegales (punto 14), deportación de inmigrantes legales que hayan reincidido en la comisión de delitos leves (punto 15), suspensión de la libertad de circulación dentro de la Unión Europea como mecanismo de negociación política (punto 33) o copago sanitario 'solo' para los residentes legales con menos de 10 años en nuestro territorio (punto 59). En otras palabras, el individuo español —por ser 'español'tiene más derechos que el individuo extranjero, incluso que aquel legalmente residente dentro del territorio del Estado: a saber, en lugar de defender la libertad de 'cada individuo' —y de 'cualquier' individuo—, se promueve una visión colectivista del derecho (españoles versus extranjeros) que no hace sino socavar las bases de la convivencia dentro de unas sociedades cada vez más diversas, heterogéneas y globalizadas.​​ El último ejemplo de ello nos lo acaba de ofrecer el propio Santiago Abascal, al amenazar con expulsar de España a Pablo Echenique por ser “un extranjero que ataca la democracia”: el Estado español disponiendo sobre la libertad de aquellos ciudadanos nacidos en el extranjero que no sean del gusto del Gobierno de turno.

– Jacobinismo administrativo: Vox no solo defiende imponer su idea sectaria de España al conjunto de los españoles, sino centralizar totalmente la Administración estatal: el partido quiere derogar las autonomías para establecer un Estado unitario (punto 6) y suprimir cualquier trazo de descentralización fiscal como el concierto vasco o el convenio navarro (punto 10). Aunque el nacionalismo suele ir de la mano del jacobinismo —pues ve en el Estado la encarnación de la nación y no acepta delegaciones federadas de la soberanía nacional—, no tendría por qué ser así: al menos en teoría, cabría un nacionalismo que entendiera que la descentralización administrativa es la mejor forma de experimentar con distintos modelos de gobernanza en competencia, facilitando el voto ciudadano con los pies para escoger aquel que mejor se adapte a sus preferencias. En otras palabras, uno bien podría defender derogar las autonomías para descentralizar todavía más la Administración (las autonomías son unidades administrativas con un tamaño mayor al de muchos estados europeos), pero en el caso de Vox es justo lo opuesto.​

– Conservadurismo estatalizador: cada individuo tiene todo el derecho a ejercer su libertad para vivir una vida tan conservadora como considere adecuada para él y para su comunidad. El liberalismo, pues, no es incompatible con personas que, en su fuero interno, abracen valores religiosos o tradicionales: sí lo es, en cambio, con la pretensión de imponer esa agenda moral desde el Estado. Y eso es lo que en parte también hace Vox: crear un Ministerio de Familia y aprobar una ley orgánica para 'proteger' a la familia 'natural' (punto 71); aprobar subvenciones para las familias numerosas (puntos 72 y 73), y prohibir la gestación subrogada (punto 80). En otras palabras, Vox promueve instrumentar la ley para defender (¿de qué y contra qué?) y para subvencionar (a costa del conjunto de contribuyentes) un determinado modelo (dizque 'natural') de familia. ¿Qué hará con los otros modelos de familia que Vox considera no naturales? ¿Prohibir su constitución, como en el caso de la gestación subrogada, o discriminarlos legalmente en su ley orgánica sobre la familia?​

– Dirigismo económico: aunque muchos han querido ver a Vox como un partido “liberal en lo económico” (probablemente porque equiparan liberalismo económico con bajada de impuestos), su programa también contiene injerencias planificadoras en la actividad del sector privado: Vox quiere volver a impulsar ese proyecto de megalomanía ingenieril de obra pública llamado Plan Hidrológico Nacional (punto 34); aprobar un Plan de Energía nacional encaminado hacia la autosuficiencia (punto 38), y planificar centralizadamente la reindustrialización de España con esquemas de colaboración públicoprivados (punto 43). Es decir, regresar a los planes de política industrial omnicomprensivos.

Es verdad que sus propuestas fiscales son meritorias y ojalá más partidos nacionales las copiaran: IRPF con dos tramos (20% hasta 60.000 euros, 30% por encima de 60.000 euros); tratamiento conjunto de la renta en la unidad familiar, reconociendo así que la unidad de consumo no es el individuo aislado (punto 44); rebaja de sociedades hasta el 15%-20% (punto 40); supresión de patrimonio, sucesiones y donaciones y plusvalía municipal (punto 46), y transición desde un sistema público de pensiones a uno parcialmente basado en la capitalización (punto 53). Sin embargo, ni siquiera en este apartado cabe aplaudirlos sin más, dado que no explican —ni lejanamente— cómo piensan financiar toda esta rebaja impositiva: la reducción del gasto político que proponen (puntos 35 y 36) apenas constituye una gota dentro del océano de recortes que necesitarían. Y reducciones fiscales sin recortes del gasto significa más déficit y más deuda: algo que no nos podemos permitir. Los únicos apartados netamente positivos en su programa económico son la simplificación de los trámites en la creación y organización de empresas (punto 37) y la liberalización del suelo (punto 47).

En definitiva, puede que Vox sea la némesis de la izquierda, pero en muchísimos aspectos también es la némesis de la libertad individual.