La reforma policial debe incluir la revisión de la base de datos CalGang

Por Jonathan Hofer y Dominick Van Cleve

Catalyst

En 2014, Aaron Harvey, un joven de 26 años que estudiaba para obtener su licencia inmobiliaria, fue recibido por los alguaciles de los Estados Unidos en la puerta de su residencia en Las Vegas, Nevada. Recién a las tres semanas después de su detención Harvey supo que iba a ser acusado de delitos relacionados con nueve asesinatos en San Diego (California), y que, de resultar condenado, podría enfrentarse a hasta 56 años en una prisión estatal. 

Pero los fiscales ya sabían lo que Harvey le había estado insistiendo a la policía: que no estaba involucrado en ningún asesinato.

En lugar de participar en los homicidios, la única “conexión” de Harvey con los crímenes era que su nombre estaba en la oscura base de datos CalGang de California. El motivo no era que formara parte de una empresa criminal, sino que aparecía en una foto de Facebook con una camiseta de color verde y que vivía en un barrio plagado de actividad pandillera. Según la ley de California y gracias a la base de datos, no importó que Harvey no tuviera ninguna conexión real con los delitos.

Tampoco les importó que él no supiera de la existencia de un delito. En virtud del artículo 182.5 del Código Penal de California se considera que cualquier persona que tenga conocimiento de la actividad de una pandilla criminal -o que pueda “beneficiarse” de ella- ha cometido una conspiración entre pandillas. Es el estatuto definitivo de culpabilidad por asociación, aunque va en contra del estatuto tradicional de conspiración criminal del estado que requiere que un individuo “promueva, fomente o ayude a la perpetración de ese delito sustantivo en particular”.

Dispuestos a recurrir a la cláusula del “beneficio”, los fiscales en el juicio penal de Harvey argumentaron que se benefició de los asesinatos de San Diego porque podrían haber impulsado su posición social.

La base de datos CalGang ha jugado un papel clave en la aplicación de la amplia interpretación del estado sobre la culpabilidad de la actividad de las pandillas. Administrada por el Departamento de Justicia del Estado de California, y con bases de datos operadas a nivel regional bajo su cobertura, está disponible para las fuerzas del orden en todo el estado. Los agentes de policía pueden incorporar a cualquier persona de la que sospechen que es miembro de una pandilla. Para incorporar a una persona en la base de datos compartida no se requiere ni una detención ni una investigación. Los datos introducidos, que son almacenados para su futura recuperación, rara vez son borrados.

Harvey nunca perteneció a una pandilla, pero el umbral de calificación de las autoridades para ser miembro de una pandilla es lo suficientemente subjetivo como para incluir a casi cualquier persona. Una de las normas consiste en utilizar un sistema de diez puntos; cumplir con dos de las diez condiciones podría ser suficiente para ingresar a alguien como miembro de una pandilla. Entre ellos se encuentran “vestidos de pandillas” y “haber sido vistos frecuentando áreas de pandillas”.

La implicación es lo suficientemente sorprendente como para justificar su repetición: El simple hecho de llevar un color asociado a una pandilla (prácticamente todos los colores de la rueda han sido reclamados por alguna pandilla) o de vivir o trabajar en una zona con actividad de pandillas puede hacer que una persona entre en la lista de pandilleros de las fuerzas de seguridad de California.

En la preparación de su audiencia, Harvey también se enteró de que él no era el único en el anzuelo: otras 14 personas también fueron arrestadas. Con 543 individuos etiquetados por las fuerzas del orden como los Lincoln Park Bloods, el fiscal del distrito del condado de San Diego enfatizó el hecho de que 543 personas diferentes podían ser consideradas penalmente responsables de los nueve asesinatos.

Uno de los coacusados de Harvey era el amigo de la infancia y artista de hip-hop de San Diego, Brandon Duncan, alias “Tiny Doo”. El rapero fue acusado de conspiración para cometer un asesinato basado en las letras de uno de sus álbumes. El fiscal adjunto Anthony Campagna dijo: "Estamos hablando de la [portada] de un CD que representa un revólver con balas". La fiscalía argumentó que Tiny Doo era también un “beneficiario” de los disparos gracias al aumento de las ventas del álbum y a su posición social entre los miembros de la pandilla. El álbum en cuestión era, de hecho, una descarga digital gratuita.

Los cargos de Harvey y Tiny Doo fueron finalmente retirados, en 2019, pero sólo después de que los dos hombres estuvieron  encarcelados durante siete meses. Años después de su detención, la base de datos de CalGang sigue utilizándose con poco escrutinio público, y mucho menos con una revisión importante en nombre de la reforma de la justicia penal.

El problema es preocupante no sólo porque muchas de las entradas de la base de datos carecen de fundamento, sino también porque las noticias hablan de la posibilidad de que la policía haya falsificado los registros de CalGang. Incluso bebés y niños pequeños han sido clasificados como miembros de pandillas. Un informe del Auditor del Estado de California en 2016 señaló que más del setenta por ciento de los menores incluidos en la base de datos no fueron notificados de que estaban incluidos en la misma. El hecho de no informar a los menores de su designación policial no solo les niega la posibilidad de impugnar su inclusión en la base de datos, sino que tal omisión supone una violación directa de la ley estatal.

En su revisión del sistema CalGang, Camille Ochoa y Dave Maass, de la Electronic Frontier Foundation coinciden con la auditoría estatal y escriben que “CalGang viola los derechos de las personas, funciona sin supervisión, está repleto de información y datos no corroborados que deberían haber sido depurados, y su valor para proteger la seguridad pública ha disminuido”.

En esta época de diálogo sobre posibles reformas de la aplicación de la ley, los cambios en la base de datos CalGang deberían formar parte del debate. Como mínimo, debería pedirse una mayor transparencia y auditorías periódicas de CalGang. La policía municipal puede optar por no participar en la base de datos, como hizo en junio el Departamento de Policía de Los Ángeles. Además, debería modificarse el artículo 182.5 del Código Penal para que la sensación subjetiva de un fiscal de “beneficiarse” de la actividad de una pandilla criminal no pueda ser un elemento de conspiración criminal. La injusticia es demasiado grande para permitirla.