Informalidad, contrabando, corrupción: las consecuencias de las erráticas políticas económicas de Arce

La Gaceta.

El brillante economista francés, Claude Frédéric Bastiat, inspiró el movimiento de libre comercio continental del Siglo XIX. Desarrolló su trabajo inspirándose en la obra de Adam Smith y su idea de cómo cada individuo, al buscar su interés personal, va construyendo un orden espontáneo y en armonía muy difícil de articular de manera objetiva.

Al extender al comercio esta idea del orden espontáneo de los mercados y cómo se desenvuelven en armonía si se les deja funcionar respetando instituciones como la propiedad privada, Bastiat explicaba cómo el libre comercio no se traduce en un juego de suma cero -es decir, donde lo que gana uno es lo que otro pierde-, sino que, al tratarse de un acto de intercambio voluntario, las partes se benefician mutuamente.

Por eso, para ilustrar la importancia del libre comercio para la prosperidad de determinado país y su sociedad, se le atribuye una frase muy pertinente para los tiempos por los que hoy atraviesa un país como Bolivia: “cuando las mercancías no cruzan las fronteras, lo harán los soldados”.

El pasado 9 de junio se tuvo conocimiento de una noticia insólita desde Altipampa, una pequeña población cercana a Patacamaya, punto fronterizo de Bolivia con Chile: contrabandistas emboscaron a cuatro efectivos militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando; fueron agredidos físicamente, les robaron su armamento, incendiaron su vehículo, y fueron rescatados cuando estaban a punto de ser linchados.

Paradójicamente a lo advertido por Bastiat, esta noticia refleja la fortaleza del comercio frente a la incompetencia del socialismo y los absurdos de una economía estatista e hiper-regulada. Por mucho que incluso se llame a los militares a controlar las fronteras para tratar de controlar el contrabando, el comercio encontrará la manera de hacer su camino.

Este no fue un hecho aislado. Con el pasar de los días, las denuncias de contrabando, noticias sobre hechos similares, demandas de empresarios formales, analistas y demás, se fueron intensificando. Gracias a esto se sabe, por ejemplo, que al menos una veintena de alimentos -desde papa, pasando por leche en polvo, hasta carne de pollo- ingresan al país desde Chile, Brasil, Argentina y Perú, por medio del contrabando, sumando un aproximado de 3.000 millones dólares . Sin embargo, también se ha tenido conocimiento sobre un incremento del 40% de la exportación de alimentos entre enero de 2021 y el mismo período de 2020. 

¿Qué es lo que está sucediendo? Que Bolivia atraviesa por el desafío una crisis económica estructural severa, pero que no sabe cómo asumir si no es, nuevamente, con más aranceles, controles militares y sanciones para combatir el contrabando en distintos puntos fronterizos.

Las denuncias y quejas por informalidad y contrabando son tan antiguas como malas han sido las ideas para tratar de combatirlos, porque, para empezar, se confunde las causas con los efectos del problema.

Veamos: un contrabandista es una persona que importa bienes sin pagar los impuestos (generalmente conocidos como derechos de aduana o aranceles) impuestos sobre estos bienes por el gobierno. También transfiere bienes cuya importación o exportación ha sido totalmente prohibida por el gobierno. ¿Por qué el gobierno debería prohibir el comercio internacional, sea del tipo que fuere? ¿Por qué debería el Estado establecer impuesto alguno sobre los bienes que cruzan las fronteras nacionales?

Estas son las preguntas que, sobre todo los empresarios que exigen mayores controles y sanciones contra los contrabandistas, deberían responder primero. Por ejemplo, ¿por qué los empresarios formales asociados en distintas cámaras de industria y comercio manifiestan profundo desacuerdo con los controles de la Aduana Nacional en el aeropuerto de Viru Viru cuando incautan un iPhone o un par de zapatos deportivos, pero al mismo tiempo exigen mayores controles en otros puntos fronterizos?

Son los empresarios quienes deberían llevar el estandarte de la libre empresa y, consiguientemente, del libre comercio. Sin embargo, lo curioso es que ninguno habla de libre comercio ni cuestiona siquiera la política económica de importación por sustitución de importaciones, del exceso de gasto público en subvenciones a sectores productivos específicos ni de la inflación consecuente de la política de bolivianización y crédito artificialmente barato, de la escandalosa presión impositiva o la rigidez laboral, en fin, de todo aquello que encarece la inversión privada, aniquila la competitividad del país e impide generar legítima riqueza en el país.

¿Por qué prefieren hacer la vista gorda y no apuntan contra el verdadero culpable: el gobierno y su política económica? Porque son cazadores de privilegios, porque mientras exigen el apaleamiento de los contrabandistas y el sector informal, demandan -negocian- que se destine una mayor parte del presupuesto público a sus intereses particulares ¡para los que incluso fanfarronean de ser buenos pagadores de impuestos!

En cambio, hablan del tipo de cambio -como si el contrabando se tratara de un problema únicamente de precios relativos con el exterior-, de defender el “consuma lo nuestro”, aseguran que el comercio informal impide la recuperación económica, el cierre de empresas y la pérdida de empleos, y de que, por tanto, las sanciones contra los contrabandistas deberían ser todavía mayores.

La informalidad y el contrabando son un efecto corruptor típico del socialismo y las economías hiper-reguladas, a la vez que el chivo expiatorio favorito de los empresarios formales buscadores de privilegios concedidos por el Estado. Es decir, empresarios que no apunten contra el modelo económico impuesto por el Movimiento al Socialismo desde 2006, son, en realidad, proteccionistas temerosos de la libre competencia, que prefieren aislar al consumidor final de la posibilidad de comprar el mejor producto o servicio posible, al menor precio posible; pretenden que el Estado -que a su vez cree que los controles aduaneros defienden y estimulan automáticamente el consumo y la producción nacional– les siga otorgando el privilegio de cazar en el zoológico.

Justamente para ilustrar este absurdo juego proteccionista al que nunca dejan de prestarse burócratas estatales y empresarios privados, en su satírico ensayo Petición de los fabricantes de velas, de 1845, Bastiat aconseja que los gobernantes obliguen a tapiar durante el día las ventanas de toda la población “para proteger a los productores de velas de la competencia desleal extranjera del sol”. 

Si uno se pone a observar lo que sucede en este escenario, todas las propuestas para solucionar los problemas de la economía nacional actuales y los que vendrán, son siempre igualmente comparables.

Si realmente se quiere encarar el encarecimiento del estilo de vida del ciudadano boliviano común, la única manera de lograrlo es asumiendo reformas estructurales, eliminando cuantas atribuciones y competencias que tenga el Estado sobre la economía sea posible, retirando todas las marañas burocráticas, hiper-regulatorias e impositivas que siempre recaen en el precio que debe pagar el consumidor final, deteniendo de una vez por todas el gasto público desbocado que genera mala asignación de recursos, corrupción, informalidad, contrabando y tráfico de influencias; reemplazando la cavernaria práctica mercantilista por el libre comercio.

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