Biden puso fin a la guerra de Bush; debería también poner fin al Estado de Vigilancia de Bush

Catalyst – El Instituto Independiente

Si alguna vez existió un modelo ejemplar de una reacción legislativa draconiana ante una crisis, ese sería la Ley USA PATRIOT de 2001. Introducida como resultado de los ataques terroristas del 11 de septiembre, muchas de las cláusulas y disposiciones de la Ley PATRIOT persisten hoy en día. El presidente Biden desearía probablemente que nos olvidásemos de eso. Después de todo, Biden ha sacado rédito de esa ley y ha “afirmado repetidamente que un proyecto de ley que redactó en 1994 era esencialmente el mismo que el de la Ley Patriot de 2001”. Pero, así como la posición de Biden sobre la guerra de Afganistán ha evolucionado desde los tiempos en que era un partidario más, también debería reconsiderar su defensa de una ley que se ha convertido en uno de los peores abusos a las libertades civiles de la década de 2000.

Armado con la Ley PATRIOT, el gobierno, principalmente la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por su sigla en inglés), promulgó políticas radicales como la recopilación de metadatos en masa, intercepciones de llamadas telefónicas, y otras medidas de vigilancia doméstica. Se autorizaron detenciones indefinidas, se concedió a las fuerzas del orden generosas asignaciones para órdenes mordaza y búsquedas de registros comerciales privados, cosas que el gobierno no podía hacer anteriormente.

No fue sólo el 9/11 lo que influyó en la mente de los políticos. Pocos recordarán que los ataques con ántrax de 2001 también desempeñaron un papel importante en las disposiciones de la legislación. Apenas una semana después de los ataques del 11 de septiembre, se enviaron cartas que contenían esporas de ántrax por todos los Estados Unidos, creando el peor ataque biológico en la historia estadounidense.

En respuesta al ántrax, la investigación del FBI se convirtió en una de las operaciones policiales más grandes y complejas. La Administración Bush se apresuró a sugerir que el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, podría haber sido el responsable del ataque con ántrax.

Con el público en estado de pánico, el gobierno buscó crear un poderoso proyecto de ley “antiterrorista”, el cual terminó equivaliendo al poder de vigilar masivamente a los estadounidenses y analizar sus comunicaciones personales.

Como señaló la ACLU, la Ley PATRIOT acrecentó el poder del gobierno para espiar en cuatro áreas clave: 

• Investigaciones de Registros. Amplía la capacidad del gobierno para examinar los registros de la actividad de un individuo que estén en poder de un tercero.
• Investigaciones Secretas. Amplía la capacidad del gobierno para registrar propiedades privadas sin previo aviso al propietario.
• Investigaciones de Inteligencia. Amplía una excepción estrecha de la Cuarta Enmienda que había sido creada para la recopilación de información de inteligencia extranjera.
• Investigaciones de “Captura y Rastreo”. Amplía otra excepción de la Cuarta Enmienda para el espionaje que recopila información de “direccionamiento” sobre el origen y el destino de las comunicaciones, en contraposición al contenido.
  

Esto permitió al gobierno eludir los requerimientos de proporcionar evidencia de que los sujetos de las órdenes de registro eran un “agente de una potencia extranjera”. Al solicitar los permisos para realizar investigaciones encubiertas, el FBI ya no estaba obligado para ciertos registros a demostrar alguna sospecha razonable. La supervisión judicial también fue masacrada. El gobierno sólo precisaba efectuar una vaga afirmación de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Como enfatizó una vez la ACLU, los jueces que escuchaban estas certificaciones carecían de la autoridad para rechazar las solicitudes de investigación gubernamentales. Además, esto no se limitaba sólo a actividades incriminatorias que podrían poner a individuos en problemas. La naturaleza de estas investigaciones del FBI podría estar basada en los derechos que la Primera Enmienda otorga a una persona, incluyendo lo que escribió, qué libros leyó, o los sitios web que visitó.

En 2007, una enmienda a la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA es su sigla en inglés), denominada la Ley Proteger América, amplió aún más la vigilancia del gobierno. Esta vez, durante el segundo mandato de Bush. Con la Ley FISA, sus enmiendas, y la Ley PATRIOT, el gobierno federal creó la red de vigilancia más costosa de la historia. Gracias a las filtraciones de Edward Snowden en 2013, aprendimos más sobre el contenido de esas leyes de lo que los registros legislativos mostraban.

Descubrimos que la NSA recopiló datos a través de la red troncal de Internet y de las cuentas de los usuarios de Yahoo!, Google, y Microsoft. El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera ordenó que se entregaran los registros de los teléfonos celulares de los clientes de Verizon. Bush creó una “Vigilancia Presidencial” secreta (PSP), una colección de actividades que permitían las escuchas telefónicas y la minería de datos de las comunicaciones nacionales, incluyendo el email y la actividad en internet. Una herramienta de la NSA “permite a los analistas realizar búsquedas, sin autorización previa, a través de vastas bases de datos que contienen emails, chats online y los historiales de navegación de millones de personas”. La NSA recibe datos de las conexiones de fibra óptica del GCHQ británico, tales como “grandes cantidades de mensajes de email globales, publicaciones en Facebook, historiales de internet y de llamadas”. La NSA irrumpió en los centros de datos de Yahoo! y Google y obtuvo millones de registros por día. La CIA y la NSA vigilaron a funcionarios japoneses y aliados de la UE, incluyendo la vigilancia de la canciller de Alemania, Angela Merkel, que duró casi una década. La NSA hackea compañías telefónicas extranjeras, monitorea activamente computadoras en todo el mundo y, al mismo tiempo, rastrea las ubicaciones de teléfonos móviles en todo el mundo.

En la aprobación original de la Ley PATRIOT, se establecieron muchas disposiciones que debían expirar después de 2005. Sin embargo, en el verano de 2005, el Congreso aprobó un proyecto de ley de reautorización.

En 2010, el FBI cerró formalmente aquel caso de ántrax, del que se decía fue un componente fundamental para la aprobación de la Ley PATRIOT. El FBI declaró a un “perturbado” Bruce Ivins como el único culpable. Ivins trabajaba como biólogo del ejército en Fort Derrick, Maryland, y no tenía vínculos demostrados con Al-Qaeda u Osama Bin Laden. Ivins se suicidó en 2008 antes de que se le presentarán cargos.

Sin embargo, el estado de vigilancia no se redujo. En 2011, el presidente Obama continuó con el reinado de Bush y rubricó otra extensión de muchas disposiciones clave de la Ley PATRIOT, y en 2015 Obama codificó disposiciones importantes de la legislación original al firmar la Ley USA FREEDOM, preservando así gran parte de los poderes de vigilancia del gobierno federal con pocos cambios notables. Y el 18 de marzo de 2020 se volvieron a prorrogar estas disposiciones. 

Hoy en día, el aparato de vigilancia del gobierno nacional claramente se da de bruces con la Cuarta Enmienda al permitir registros sin orden judicial y reducir los estándares gubernamentales para la recopilación de pruebas. Pero el abuso parece no tener límites. El abogado constitucionalista John Whitehead, fundador del Rutherford Institute, ha sido citado diciendo: “la Ley PATRIOT viola al menos seis de las diez enmiendas originales conocidas como la Declaración de Derechos – la Primera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava Enmiendas – y posiblemente también la Decimotercera y Decimocuarta”.

Hasta el día de hoy, la Ley USA PATRIOT y la Ley USA FREEDOM sirven como el peor ejemplo de lo que el erudito constitucionalista Robert Levy llamó el “inminente sacrificio de las libertades civiles en el altar de la seguridad nacional”.

¿Y todo esto para qué? No está claro si la vigilancia masiva de la NSA ha frustrado alguna vez un solo ataque terrorista en los Estados Unidos. En 2013, el general en jefe de la NSA, Keith Alexander, afirmó que las investigaciones habían detenido “54 actividades diferentes relacionadas con el terrorismo”. Sin embargo, esta cifra ha sido puesta en duda y nunca ha sido verificada.

En 2013, hubo una audiencia del Comité Judicial del Senado sobre los derechos de privacidad y seguridad nacional en su relación con la vigilancia de la NSA y su eficacia en la lucha contra el terrorismo. El senador Patrick Leahy (Demócrata por Vermont) que presidió el comité declaró, “Hemos escuchado una y otra vez la afirmación de que se frustraron 54 complots terroristas… Eso es claramente incorrecto, pero aun así lo recibimos en cartas dirigidas a los miembros del Congreso, los recibimos en declaraciones”.

Sólo trece de los cincuenta y cuatro casos citados estaban relacionados con los Estados Unidos. Dos casos adicionales fueron desacreditados debido a que el gobierno pudo obtener la información de otra inteligencia, y un caso fue desestimado porque ni siquiera se trató de un complot terrorista. Uno de los casos que señala la NSA fue revisado por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito: el tribunal concluyó que los registros telefónicos recopilados no eran fundamentales en la causa. Es lo mismo con los otros casos citados – no está claro si la vigilancia masiva jugó un papel significativo.

Tras un panel en la Casa Blanca sobre la vigilancia de la NSA en 2013, se le preguntó a uno de los revisores si la vigilancia masiva detuvo algún ataque terrorista: este respondió, “No encontramos ninguno”, y el panel recomendó finalizar el programa de recopilación de registros telefónicos. En 2019, la NSA recomendó abandonar su programa de vigilancia telefónica, el cuál era una parte significativa de sus esfuerzos previos de recopilación de información, debido a su ineficiencia.

Después de que la NSA detuvo la recopilación masiva de registros telefónicos de empresas nacionales, un exanalista de la administración Bush afirmó que la NSA en realidad se volvió más eficaz, transparente y protectora de la privacidad tras las reformas derivadas de las filtraciones de Snowden, y el exfiscal, el general Eric Holder, estuvo de acuerdo.   

Biden podría continuar este ímpetu de transparencia y mejores políticas de privacidad. Él ya ha insinuado que la recopilación de metadatos debería haber requerido órdenes judiciales. Pero al mismo tiempo, su administración parece ansiosa por aumentar la vigilancia online. La bipolaridad de Biden sobre la privacidad debería terminar y Biden debería retirarse de la guerra inconstitucional de Bush contra la privacidad y acabar con los remanentes de la Ley PATRIOT.

El autor es Asociado en Investigación y Marketing en el Independent Institute. Graduado en Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley, sus áreas de investigación incluyen las leyes de privacidad, la privacidad de los estudiantes, la vigilancia a nivel local, y el impacto de las tecnologías emergentes sobre las libertades civiles.

@JonathanHofer20