Bitcoin y la crisis de Autoridad del Estado (I): Introducción
Bitcoin, efectivamente, es un activo económico con unas características muy peculiares e interesantes para analizar bajo la lupa de los investigadores en esta materia, pero a mi juicio su importancia es muy superior en el ámbito político, jurídico y social. Al final, la economía no es un área cerrada, sino que siempre está atravesada por la política.
Bitcoin es una evolución superior en el ámbito de las transacciones económicas, lo cual no equivale de forma idéntica a decir que es un buen medio generalmente aceptado de pago, ni mucho menos. La mejor manera de entenderlo a mi modo de ver es comprender que es el primer activo escaso digital no dependiente de terceros.
Si atendemos a formas de intercambios económicos históricos vemos que las relaciones económicas mediadas por metales eran distintas a los intercambios monetarios. Los intercambios metálicos debían ser validados entre particulares, que debían comprobar la pureza y calidad de éstos; con el salto a la moneda se pasa a delegar esta validación en el poder político, pasando de ser una relación entre particulares a una relación mediada por el gobernante de turno. Y desde entonces no ha habido gran innovación en el ámbito monetario.
Friedrich A. Hayek adelantó muy bien en La desnacionalización del dinero que esto no se debía nada más que a una creencia ampliamente establecida de que debía ser el poder político el que llevase a cabo esta tarea, y se encargó de abrir la imaginación monetaria por la vía teórica para devolver a esa creencia su carácter de mera idea histórica, y por histórica transitoria, no necesaria.
Bitcoin, al no depender de terceros, permite precisamente superar eso y abrir un nuevo espacio no sólo económico, también político.
Por la parte del Estado, conviene incidir en los amplios estudios históricos y teóricos de Dalmacio Negro, que sigue a Carl Schmitt, en lo referente a la peculiar naturaleza del Estado. El Estado no es sinónimo de cualquier forma política. No toda organización política es un Estado. Gran parte de los teóricos liberales y las corrientes surgidas del mismo caen precisamente en el error de equiparar el Estado con el Gobierno o con cualquier otra forma política. Llevamos las gafas del estatismo para ver a la Grecia clásica y vemos “ciudades-estado”, cuando las polis son simplemente una forma política. Lo mismo sucede al mirar Roma o a la Monarquía hispánica. Vemos el pasado, el presente y el futuro con el virus del Estado.
El Estado surge en la segunda mitad del siglo XVI, a raíz de la idea de soberanía que fusiona las ideas clásicas de Potestad (poder socialmente reconocido), que históricamente recaía en la monarquía, y Autoridad (saber socialmente reconocido), que lo detentaba la Iglesia y sus juristas. De las guerras de religión aparecen las monarquías absolutas, un fenómeno moderno, y de su proceder bajo el principio de la soberanía crearían el Leviatán, que se independizaría de ellas. Con la Revolución francesa el usufructo de la soberanía pasó de los monarcas absolutos a la Nación, ahora política, y en los últimos coleteos de este tiempo histórico es donde creo que nos encontramos. Tanto la Potestad como la Autoridad del Estado-Nación están entrando en crisis.
No sólo Bitcoin incide en esta crisis, pero sin Bitcoin no imagino una transición a otras formas políticas, y Bitcoin le arrebata al Leviatán de forma radical el báculo de la Autoridad.
Ahora nos encontramos en una situación en la que la Autoridad del Estado tiene 5 fracturas principales:
1/ La seguridad patrimonial. El Estado ha dejado de ser el garante de la seguridad patrimonial en varios ámbitos, ya no garantiza la propiedad, su uso y disfrute a capas muy amplias de la Sociedad, y nada hace pensar que vaya a corregir su rumbo. En el sector inmobiliario se protege más al okupa que al propietario. En el resto de sectores se centra más en el control y el expolio fiscal que en su crecimiento y prosperidad. Esta forma de proceder está desplazando la percepción de seguridad del Estado a otros ámbitos, por ejemplo, los maximalistas depositan su percepción de seguridad patrimonial en Bitcoin, de ahí que tenga ciertos elementos religiosos al absorber parte del aura del Estado. Recordemos que las religiones duran más que los imperios.
2/ Su papel como administrador de justicia y legislador. El Estado monopoliza en gran medida los sistemas de aplicación de justicia, sin embargo, en el Ciberespacio no tiene soberanía, lo que limita tanto su capacidad de hacer justicia como el respeto a su legislación. Bitcoin bien custodiado es inconfiscable, y por ello no se puede hacer justicia en el sentido clásico del término de lo que se mantenga en este activo. Pensemos en aquellas situaciones en las que una de las partes se ha apropiado indebidamente de unos bienes y los liquida para pasarlo a Bitcoin, ¿qué hace un juez ante esta situación si no puede embargarlos? Si alguien tiene su patrimonio en Bitcoin, ¿cómo le obliga un juez a cumplir con una obligación de dar si éste se niega? Es más, si no depende de terceros, te permite mantener la privacidad, es inconfiscable y sus transacciones incensurables, ¿pueden hacer algo los Estados contra Bitcoin? ¿Sirve de algo que lo “prohíban”?
3/ Por si todo esto fuera poco, también produce un cambio en las relaciones de poder. Bitcoin te permite secesionarte patrimonialmente a nivel individual, colectivo y político. Se puede pasar el patrimonio a Bitcoin sin KYC —el Estado no tiene manera de enterarse de esto si el procedimiento se realiza adecuadamente— ello significa que se puede mantener un patrimonio al margen de las garras del Estado, y de cualquiera. Pero esto no es sólo a nivel individual, también se puede hacer a nivel colectivo para forzar al poder político a negociar, pensemos por ejemplo en una ciudadanía que mantiene gran parte de su patrimonio en Bitcoin sin KYC. Pero no sólo se da entre individuos y colectivos respecto del Estado, también entre Estados y el orden internacional, como demuestra El Salvador frente al FMI. Bitcoin permite hacer un opt-out a todos los niveles. Esto supone una pérdida de credibilidad, de autoridad, inmensa. El todopoderoso Estado —o las organizaciones interestatales que han creado— ya no tiene poder para expoliar a sus ciudadanos si éstos se quieren proteger, pero todavía más, puede ser presionado por esos ciudadanos si se organizan para presionar a los gobernantes al excluir sus patrimonios del expolio fiscal. Los Estados más débiles ya no se tienen que plegar ante chantajes de los más poderosos para conseguir financiación. Al producir ese cambio en las relaciones de poder tiene un efecto igualador que hace perder la autoridad al Estado —y sus organismos— de ser superior, porque hasta una persona corriente puede escapar de sus garras.
Menciono de forma frecuente la idea inspirada por @mu_muloko de que en periodos largos de tiempo no hacemos por norma general aquello que consideramos bueno, sino aquello que estamos incentivados a hacer. Bitcoin cambia los incentivos, por lo que también transformará nuestro comportamiento y con ello nuestras relaciones sociales y políticas.
Las otras dos fracturas las analizaré en el próximo artículo junto a las implicaciones políticas que podrían aparecer.
- 23 de enero, 2009
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