La educación como bien público

Infobae

En esta saludable discusión sobre la educación, surgida a raíz de ciertas declaraciones recientes de Javier Milei, aparece el tema de la educación como “bien público”, algo que para los economistas tiene una definición más o menos precisa. Para la gente, en general, un bien público es aquél que provee el Estado, tal vez porque “beneficia a todos”.

Los economistas hablan de una “externalidad positiva”, es decir, un beneficio que todos reciben, se hagan cargo o no de su costo. Por esa razón, sigue el argumento, el mercado “fallaría” en proveerlo, al menos en suficiente cantidad, y el Estado debe hacerlo.

Hay dos temas, entonces que vale la pena discutir: ¿es la educación formal un “bien público”? y ¿es correcto que el mercado no puede proveerlo?

Veamos el primero. Si Pedro Arias, de Jujuy, se recibe de técnico odontólogo, seguramente esto le permitirá alcanzar un mejor nivel de vida personal en el futuro, un beneficio claramente “privado”, para él y su familia. ¿En qué medida beneficia a Susana Costa, que vive en Bahía Blanca? Podríamos decir que Susana se beneficia porque vivir en un país con gente que ha estudiado es mejor para ella, es decir, hay algo de externalidad positiva en la educación de Pedro.

En realidad, lo que puede ser una externalidad positiva para Susana es la cultura que predomina en un país, el conjunto de valores y costumbres, opiniones, creencias e ideas que suelen reflejarse luego en sus instituciones, tanto políticas como económicas. A Susana le impacta qué “cultura” predomina en su sociedad, pero la educación formal es tan sólo una parte de esa formación, a la que concurren principalmente la familia, los amigos, el barrio, las iglesias, los medios de comunicación, las redes sociales. Todo eso impacta en la cultura: ¿acaso tenemos una subprovisión de esas cosas que haga necesario que el Estado lo haga?

La educación formal, entonces, es principalmente un bien “privado” que genera algunas “externalidades positivas” hacia la cultura. Esto puede decirse de toda la oferta educacional del sector privado: miles de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, centros de formación, universidades. Que un bien que beneficia principalmente a quien lo consume también puede beneficiar a otros, es algo muy común y se aplica a casi todos ellos. El hecho que los demás valoren ahora el pan artesanal de masa madre, o un buen café, hace que tenga varios lugares donde conseguir eso cerca de mi casa, me ha generado un “beneficio positivo”. O que los japoneses tengan alta valoración por la seguridad de sus autos me termina beneficiando porque ahora aquí también lo son, pese a que no me ocupara mucho del tema (una externalidad positiva tecnológica).

El segundo tema es si el mercado puede proveer ese bien. Ya hemos dicho, vamos a encontrar una gran oferta de educación formal en el mercado, con gran variedad, que sería aún mayor si no estuviera regulado. El mercado no “falla” e incluso ofrecería educación privada para los sectores de recursos más bajos si no fuera por las regulaciones del Estado que lo prohíben o encarecen. James Tooley, profesor de la Universidad de Buckingham, ha pasado buena parte de su vida recorriendo los lugares más pobres del planeta y encontrando educación allí, que los padres eligen, muchas veces por sobre la educación gratuita del Estado (uno de sus libros es, “El Bello Árbol”, Madrid, Unión Editorial).

Pero es cierto que el costo de la educación privada puede estar más allá del alcance de muchos. Ahí es, precisamente, donde ingresan los “vouchers”, que han dado origen a esta discusión. El voucher le dice a la gente: si no tiene los recursos necesarios para contratar un servicio de educación en el mercado no se preocupe, aquí los tiene, vaya y elija. Tanto sean “privados” como “públicos”, los vouchers pueden presentarse como un empoderamiento de esos consumidores. Ahora pueden elegir. Si se pueden utilizar para escuelas o universidades privadas y públicas, amplían el espectro de elección de los padres o alumnos, y ponen en competencia a todos esos establecimientos educativos quienes ahora tienen que conseguir sus recursos de sus “clientes”, tal como hacemos en general todos los demás en muchas de nuestras actividades.

Subyace en la crítica a los vouchers la idea de que esas personas no tendrían la capacidad suficiente para poder elegir la educación de sus hijos, o la propia cuando son algo mayores. No todos piensan eso, por supuesto, o se animan a decirlo abiertamente, pero en tal caso plantea una cuestión mucho más importante: si esos padres no son capaces de elegir la educación de sus hijos, ¿sí lo son, digamos, de elegir Presidente? ¿No es ésta una decisión mucho más importante y compleja, sobre la que nunca diríamos que no están en capacidad de hacerlo?

El voucher o la beca, empodera al consumidor, al demandante, y somete a la competencia al oferente. Esa es la forma en la que obtenemos los mejores bienes y servicios, al mejor precio.

El autor es Profesor de Economía, UBA  y Miembro del  Consejo Académico, Fundación Libertad y Progreso.

@martinkrause