Algunas cuestiones no disputadas del anarcocapitalismo (LXXXVIII): Anarquía y estadísticas

Instituto Juan de Mariana

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Los recientes debates acaecidos en España sobre el control al que el gobierno quiere someter a los institutos encargados de elaborar y publicar información económica o social, como el Instituto Nacional de Estadística o el Centro de Investigaciones Sociológicas, deberían hacer reabrir el debate que abrió Rothbard hace ya bastantes años sobre el papel que juegan las estadísticas en el funcionamiento de los estados modernos.

En su trabajo Statistics, Achilles’ heel of goverment, Rothbard nos informa de que sin estadísticas un estado moderno no cuenta ni con la información necesaria ni con la legitimidad para actuar y nos advierte de la necesidad de no dar excesiva relevancia a este tipo de datos, pensados fundamentalmente para poder intervenir en la vida social o económica. En un principio, las estadísticas, contras las que a priori no hay nada que objetar, parecen ser benéficos e inofensivos datos sobre las múltiples dimensiones de la vida social, que nos informan de forma objetiva y que dan pie a numerosos titulares de prensa y son objeto de debate tanto en los medios de comunicación como en la vida social. Además, sirven para zanjar discusiones y para refutar de forma tajante argumentos expresados de forma literaria.

Prohibir las estadísticas

El conocimiento estadístico parece ser de una naturaleza superior a los expresados de forma no numérica o formal. Ahí está la clave de su importancia y la razón por la cual el estado intenta controlar su elaboración y su posterior publicación y de ahí también lo pertinente de cuestionarlas desde el punto de vista que inspira estas líneas.

En un coloquio hace años, uno de los ponentes afirmó que el gobernador de Hong Kong en tiempos de la colonia británica había prohibido a su gobierno la elaboración de estadísticas en su territorio. Desconozco si esta decisión se tomó o no finalmente, pues no pude encontrar fuentes que la contrastasen, pero aunque no tuviese lugar, la idea del gobernador es muy sugerente y los resultados de su gestión parecen haber corroborado que se trató de una muy buena idea.

Hong Kong

El gobernador se libró en primer lugar de los conflictos y demandas sociales que acostumbran a derivar de la publicación de este tipo de datos. Los habitantes del territorio no sabían si ganaban más o menos que sus vecinos o de si la renta de su barrio está mejor o pero distribuida que la de otro colindante. Tampoco sabían si los hombres ganaban más o menos que las mujeres, los jóvenes que los viejos o los inmigrantes que los nativos. También desconocían el tamaño medio de sus viviendas o su relativa esperanza de vida, entre otras muchas cosas que desconocían.

Y aun así no pasó nada, pues el país prosperó hasta convertirse con el tiempo en uno de los países más ricos y libres económicamente del mundo. Nuestro gobernador entendió que precisamente al desconocer todos esos datos disminuía el número de agravios potenciales que se podrían dar entre sus habitantes, al tiempo que se eliminaban buena parte de las demandas de intervención pública para supuestamente nivelar los resultados.

De hecho, si lo pensamos bien, cuáles en última instancia el interés de la clase gobernante en conocer todas esas desigualdades relativas, sino el de buscar una legitimación para intervenir y adquirir por consiguiente más poder político con la excusa de intentar equilibrar los indicadores para que aparenten igualdad (porque lo que se quiere igualar es el dato estadístico no las causas que lo originan). A la falta de legitimidad de la intervención en caso de desconocer se le suma la falta de capacidad administrativa para operar sin la información relevante para poder actuar.

Instrumento para la intervención

Los aparatos administrativos modernos precisan para poder operar de infinidad de datos, que obtienen a través de sus agencias o incluso con la colaboración activa de los administrados. Precisan de censos y catastros actualizados y de datos sobre las rentas de la población que obtienen con la colaboración de empresas y ciudadanía. Necesitan de cifras agregadas de paro y de índices de inflación o de desigualdad como el famoso índice de Gini, tan citado en todo tipo de debates políticos o académicos.

Tampoco desdeña por su utilidad elaborar todo tipo de indicadores de consumo para gravarlo con impuestos, de morbilidad para la gestión de sus sistemas de salud o de mortalidad para sus sistemas públicos de pensiones. Por supuesto, también gustan de hacer clasificaciones por edad, sexo y a veces incluso de raza para desmenuzar todo tipo de diferencias entre los humanos que pudiesen ser usados con fines políticos.

Dicho esto no se puede negar que las estadísticas tienen mucha utilidad en una economía de mercado para poder calcular primas de seguro o realizar estudios de mercado. También por supuesto en la ciencia, en la industria o en la ingeniería, pues sin ella muchos cálculos no podrían llevarse a cabo y muchos desarrollos actuales no se habrían dado. No es para nada este texto una crítica a la estadística como ciencia o disciplina de estudio, sino a los usos que de esta se hace de forma análoga las críticas que los austríacos hacen del uso del formalismo en determinados ámbitos de las ciencias políticas y económicas.

Utilidad

Si bien los orígenes de la estadística tienen mucho que ver con la actuación de los estados, como su propio nombre bien indica, esta se ha desarrollado por su cuenta y puede considerarse una disciplina autónoma, válida para usos privados o públicos. Conserva aún ciertos resabios de estatismo, como por ejemplo su uso frecuente del nacionalismo metodológico en sus estudios; esto es, el locus del análisis acostumbra a ser el del típico estado-nación o alguna de sus unidades administrativas.

Así, lo más habitual es en encontrar estudios como por ejemplo el de tasa de accidentes de automóviles de hombres y mujeres en España en el año 2021 o el consumo de alcohol entre la población también española. No tienen nada de malo estos estudios, pero bien pudiera ser que el factor determinante no fuese el de ser español, sino el de ser hombre o joven respectivamente, y esa debería ser el factor explicar que se explicaría mejor con análisis de tipo cualitativo de las razones de esas tasas, pero sin circunscribirlas a un estado en concreto.

Estatismo subyacente

Pero quien encarga o usa esas estadísticas son los estados y las hacen a su imagen y semejanza, con el problema de que no todos los agrupamientos sociales españoles son homogéneos al respecto y la tasa bien poco puede informar sobre una situación concreta. Se identifica en muchas ocasiones a la sociedad con un estado concreto y el problema es que ambos no tienen necesariamente porque coincidir. Pero el hecho es que estas estadísticas contribuyen a crear la conciencia de identidad entre ambas y refuerzan el imaginario estatal, al darle algo parecido a una identidad ontológica. Así, decimos que España crece o decrece o es más igual o desigual que Francia o Portugal, por ejemplo, cuando estas metáforas no son de utilidad para la vida cotidiana.

Y además, como vimos, refuerzan el poder de los estados. Primero, porque refuerzan su imagen de competencia, de disponer de información precisa, actualizada y sobre todo objetiva sobre los diversos fenómenos sociales y económicos. Uno de los principales atributos del poder político contemporáneo derivado y fuente de poder, al mismo tiempo, es su pretensión de objetividad y de que sus datos y estimaciones son ciertos, mientras que los que ofrecen institutos y organizaciones privados son de parte y, por tanto, de menos confianza.

El estado se constituye así como un ente neutral y desinteresado que busca ofrecer la mejor información posible. Una vez establecido este principio de pretendida objetividad, se entienden luego los esfuerzos que los gobiernos llevan a cabo para intentar controlar la dirección de las agencias encargadas de llevar a cabo los cálculos estadísticos o de pilotar el diseño de los distintos indicadores, cambiando las fórmulas si hace falta como estamos viendo en el caso del IPC o las tasas de desempleo en España. Una vez lograda la fama de seriedad y objetividad, el resto viene fácil.

Relatos de opresión y agravio

En segundo lugar, porque las estadísticas pueden generar agravios entre colectivos, pues cualquier diferencia estadística entre colectivos bien explicada puede conducir a un relato de agravio y opresión histórica, con razón o sin ella. Si comparamos colectivos, sean estos los que sean, es muy probable que ofrezcan diferencias que pueden en ocasiones ser sustanciales, pues es casi imposible que dos colectivos escogidos al azar ofrezcan los mismos resultados.

Gordos y flacos, alto o bajos, rubios o morenos, extremeños o riojanos analizados estadísticamente ofrecerán resultados dispares en uno o varios indicadores. Si la diferencia es sustancial o no dependerá del observador, pues, no es a priori fácil definir cuando es relevante o no una diferencia. Pero si estos colectivos parten, a priori, o a posteriori después de obtenidos los datos, de un discurso teórico que explique esta diferencia como algún tipo de opresión o discriminación fácilmente se convertirán en motivo de agravio.

Una vez establecido el agravio y documentado estadísticamente, sólo queda que el estado se ofrezca voluntario a nivelar o equilibrar la situación causante del problema, de tal forma que los índices se adecuen a la situación correcta. ¿Cuál es esta? La que en cada momento determinen los gobernantes de turno. Porque la cuestión de determinar cuál debe ser la situación correcta, por ejemplo el grado de desigualdad salarial aceptable o el nivel de distribución de la renta por percentiles y no existe una tabla o una vara de medir que indique cuál debe ser el número correcto. Esto lo determinará el gobernante. Pero en el proceso el gobierno se hace literalmente dueño de nuestras rentas o de nuestras empresas, de tenerlas, para poder repartirlas a voluntad.

Fuente de legitimación

Esto es, nuestras rentas son nuestras hasta la cantidad que el gobierno determine pertinente (se observa fácilmente en los impuestos progresivos como el IRPF). Lo que se determine como pertinente depende de la voluntad de quien elabora y hace cumplir las leyes fiscales y como es fácilmente constatable a lo largo de la historia, estos parámetros se han modificado sustancialmente según el ideario o los intereses de la clase gobernante, pero justificándose siempre en algún tipo de disfunción social medida por estadísticas. Esta se revela, pues, tanto como el talón de Aquiles como una de sus principales fuentes de legitimación. Es bueno, pues, tenerlo en cuenta antes de aceptarlas acríticamente.