Sigue la tensión por la ley migratoria de Texas
Sigue la polémica alrededor de la ley migratoria de Texas que les brinda potestad a las autoridades policiales para detener y expulsar inmigrantes bajo la sospecha de su ingreso irregular a Estados Unidos. En las últimas horas del martes, el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito de EEUU suspendió la entrada en vigencia de la normativa.
El fallo llegó poco después de que el Tribunal Supremo decida levantar la restricción para que se haga efectiva la ley. Bajo la dirección del juez Samuel Alito, el tribunal federal frenó la legislación bajo el nombre de SB4. Cabe mencionar que el Supremo había dejado en manos del Quinto Circuito la decisión final acerca de su entrada en vigor, por lo que el freno se convirtió en una realidad.
De todos modos, el tribunal anunció que durante la jornada del miércoles se dará lugar a escuchar argumentos acerca de la controversial ley de Texas. Este escenario hace que el futuro de la normativa permanezca como un misterio, mientras hay declaraciones cruzadas de las autoridades.
¿Qué significa la ley SB4?
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.
El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley.
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