Venezuela, ¿quo vadis?

Pasados 15 días de los comicios presidenciales de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro insiste en atribuirse un triunfo que no ha demostrado. El mundo ha sido testigo del descomunal fraude cometido. El demoledor informe de los observadores del Centro Carter no dejó dudas sobre el acto electoral al manifestar que “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral” y que, por lo tanto, no puede ser considerado democrático”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha exhibido las actas de votación ni permitido el cotejo del escrutinio, como se lo ha exigido la mayoría de los gobiernos del mundo. Tan solo se limitó a anunciar que, con el 96,87% de las actas escrutadas, Maduro fue reelegido con el 51,95% de los votos, frente al 43,18% de los obtenidos por el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. La oposición exhibió el 83,5% de la documentación que confirma el triunfo de este último por amplio margen.

El régimen no puede aceptar la derrota ya que equivaldría a poner fin al amparo y total tolerancia a tantos grupos criminales que desde hace años tienen a Venezuela como refugio de impunidad y centro de operación para sus actividades, incluido el narcotráfico. Maduro sabe que su destino -de haberse sometido al mandato popular- sería la cárcel, la extradición o el exilio.

Los venezolanos cifraron todas sus esperanzas en las elecciones del pasado 28 de julio. Como bien expresó la líder opositora María Corina Machado, sus compatriotas están “hartos del odio, la coerción, la corrupción y la miseria que han provocado 25 años de tiranía y políticas económicas destructivas bajo el dictador Maduro y su predecesor y mentor, Hugo Chávez”.

La oposición no acepta que el nuevo fraude orquestado desde el poder anule las chances de un cambio. Está determinada a que, esta vez, el resultado electoral sea respetado. Por su parte, Maduro aseguró que será encarcelado todo aquel que proteste o se atreva a cuestionar los resultados de la elección.

Las multitudinarias manifestaciones en Caracas y en varios Estados han derivado en lamentables hechos de violencia. La persecución a los fiscales de mesa, a los manifestantes anti-Maduro y a los dirigentes opositores dejó, según la ONG Foro Penal, un saldo de 101 adolescentes detenidos, del total de 1152 capturados hasta la semana última. Con el fin de infundir miedo en la población el régimen afirmó que son 2229 los “terroristas” detenidos, que serán trasladados a cárceles de máxima seguridad. Y anuncian más detenciones para los días venideros.

Los registros de Provea dan cuenta de 24 personas fallecidas entre el domingo 28 de julio y el lunes 5 de agosto. La ONG indicó que la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (DAET) es señalada en, al menos, dos casos de asesinatos de manifestantes, además de otras víctimas a manos de civiles armados defensores del régimen. Advierten también sobre una escalada de castigos a trabajadores de la administración pública, muchos víctimas ya de acoso, despidos y desmejoras laborales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su enérgica condena a la detención de manifestantes, activistas y periodistas, y realizó un llamado urgente al régimen de Maduro para que cese la represión y libere a todos los detenidos injustamente.

Ningún país que se precie de ser democrático y respetuoso del Estado de Derecho puede ser indiferente ni mucho menos mostrarse ambiguo en su posición frente al fraude orquestado en Venezuela. No se trata solo de una cuestión política, sino de una cuestión ética de implicancias en toda la región.

El círculo de Maduro, circunscripto a la alta cúpula militar, anunció que no capitulará “bajo ninguna circunstancia”. El general retirado Antonio Rivero, exiliado, denunció un aumento en la llegada de militares cubanos a Venezuela, durante una entrevista con el Diario Las Américas. Las esperanzas de que la iniciativa liderada por México, Brasil y Colombia permita una salida pacífica y negociada de la crisis anidan en el corazón del castigado pueblo venezolano. La voluntad popular se hizo sentir en las urnas y la comunidad internacional debe acompañarla con firmeza, rechazando los intentos del chavismo de perpetuarse en el poder.