Ineficiencia y corrupción

Ayer conocimos un comunicado emitido por los 48 Cantones de Totonicapán que cataloga de «incompetencia» el hecho de que, a pocas semanas de finalizar el año, solamente se ha ejecutado un 18% del presupuesto asignado al departamento. Esta misma organización, que respaldó públicamente a la administración Arévalo-Herrera, lamentó meses atrás la «improvisación e inacción» del ejecutivo. 

Las declaraciones de los 48 Cantones hacen eco de lo expresado por 56 líderes de opinión entrevistados por Diestra, una empresa que se dedica a estrategia y comunicación.  Los entrevistados perciben una incapacidad para ejecutar el presupuesto, y un gobierno disperso, sin agenda clara, que se estanca en las mesas de diálogo. El director estratégico de Diestra, Rodolfo Mendoza, explica que el hoyo en el kilómetro 44 de la carretera de Palín es un «ícono» de esta apreciación, pues el gobierno aún no resuelve eficazmente la crisis provocada por el socavamiento con graves consecuencias logísticas, turísticas y económicas para los guatemaltecos.  Quizás el cúmulo de observaciones redundan en la baja significativa en popularidad del binomio gobernante; una encuesta CID-Gallup, levantada en septiembre, arroja un rechazo a su gestión de 68 por ciento.

¿A qué se debe la ineficiencia administrativa? Circulan cuatro posibles explicaciones. Primero, la ineficiencia pudiera ser producto de la falta de recursos disponibles. Sin embargo, el gobierno obtuvo una ampliación presupuestaria, adjudicó US $1 mil 400 millones en Eurobonos (deuda externa), y, reporta una recaudación tributaria por encima de lo esperado. Segundo, los problemas enfrentados hoy pueden atribuirse a la negligencia de los gobiernos pasados. Es cierto que la actual administración heredó infraestructura dañada y procesos engorrosos, pero se esperaba que el gabinete conformado por Arévalo tardara semanas, no diez meses, en aprender a maniobrar los obstáculos. Tercero, es posible que por razones ideológicas el gobierno se niegue a aceptar la ayuda del sector privado y organizaciones voluntarias para desentrampar el atasco en el que se encuentran. ¿Será? Y cuarto, algunos afirman que es deliberado: el estado de zozobra y una economía colapsada son parte de un maquiavélico plan del Movimiento Semilla. No parece ser una estrategia conveniente al presidente Arévalo, sobre todo cuando implica una popularidad erosionada entre sus simpatizantes, como lo son los 48 Cantones.

Hace más lógica pensar que el gobierno sufre de parálisis por análisis.  Es posible que a los funcionarios públicos les invada temor de tomar decisiones para evitar ser tildados de corruptos.  Eso, en un gobierno cuya supuesta misión era rescatarnos de la corrupción, es suicidio puro. Aprobar planes, contratar personal, diseñar políticas públicas o autorizar erogaciones, todas pueden ser acciones sospechosas. No hacer nada o simular hacer, constituyen elecciones menos riesgosas.

Tenemos conciencia de que la podredumbre conlleva altos costos para la población.  Al final, nosotros cargamos con los costos de los sobornos, los sobreprecios por suministros y obras públicas, el exceso de burocracia, el reparto de privilegios, y más.

Los últimos meses nos revelan que la ineficiencia es también una forma de corrupción.  La población soporta el costo de tener gobierno si a cambio recibe servicios y bienes a tiempo y de calidad. La gestión pública será más eficiente si el gobierno desregula y simplifica los trámites administrativos, se desprende de atribuciones no esenciales y cuida los incentivos que imperan sobre los funcionarios.

La autora estudió Ciencias políticas y Economía en Dartmouth College, en New Hampshire y Obtuvo una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. EE. UU.. Es profesora universitaria de análisis económico de la política, desarrollo económico e historia; miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Económico-Sociales(CEES) y de la Asociación Familia, Desarrollo y Población (FADEP); y de la Sociedad Mont Pelerin.

@RiosCrios