De Sarmiento a nuestros días, auditorías y transparencia en la educación

El Monitor de la Educación Común, fundado en 1881 por Domingo Faustino Sarmiento, es sin duda una de las publicaciones educativas más longevas e influyentes en la historia de la Argentina. Desde sus inicios, respondió a la imperiosa necesidad de un canal oficial, bajo el Ministerio de Educación, que comunicara leyes, decretos y reglamentos en un contexto de consolidación del sistema educativo nacional. En su primer número, en septiembre de 1881, es posible identificar el esfuerzo temprano por establecer una base de fiscalización y transparencia en la gestión de fondos educativos en la Argentina.

Del mismo se puede inferir un marco de auditoría y control minucioso para las instituciones educativas de todo el país, destinado a garantizar que los fondos nacionales y provinciales fueran aplicados efectivamente a la educación primaria, en una época en que la transparencia administrativa no era común ni mucho menos fácil de implementar. Veamos el siguiente listado:

• Los recursos provinciales destinados a salarios y gastos educativos estaban sujetos a revisión y control del gobierno nacional, en cuanto a la inversión de las rentas nacionales para subvenciones: “Estas leyes (provinciales) en cuanto destinen recursos especiales para el sostén de la educación primaria, o presupuesten gastos y salarios de maestros, están sujetas a examen y control del Gobierno Nacional, en cuanto afecten la distribución e inversión de las rentas nacionales acordadas por subvención.”
• Las provincias solicitantes de fondos para la compra de libros y útiles escolares debían asegurar que los fondos se destinaran exclusivamente a ese propósito: “Se exige en todos los casos el exacto cumplimiento de las condiciones impuestas para el percibo de las subvenciones sobre libros y útiles, y con ellos han conseguido que no se imponga al Tesoro obligaciones indebidas, aunque haya en ello buena fe y buenas intenciones.”
• Los documentos justificativos de pagos se remitían en paquetes certificados y lacrados para asegurar la autenticidad de los registros y prevenir posibles fraudes: “Evacuando el informe que se pide sobre subvenciones reclamadas a nombre de una Junta de Instrucción de Santiago del Estero… acompaña cuatro paquetes cerrados y lacrados de documentos que justifican aquel cobro.”
• Las provincias estaban obligadas a presentar listas nominales de alumnos y detalles de asistencia trimestrales para justificar los fondos, asegurando que los recursos se aplicaran a los estudiantes: “No ha de prescindirse tampoco de los cuadros de las escuelas con expresión del número de alumnos matriculados, y la lista nominal de los asistentes durante el trimestre, visada por la autoridad correspondiente.”
• Las provincias estaban obligadas a presentar cuentas detalladas y estadísticas escolares cada tres meses, lo cual permitía que la administración nacional verificara el uso adecuado de los fondos: “La cuenta y razón exigida por ley de todas las sumas entregadas a una Provincia y que estas deben presentar antes de solicitar cada entrega cuatrimestral de fondos, permite a la administración nacional inspeccionar el empleo de los que suministra por vía de subvención”.

Este conjunto de prácticas documentadas en El Monitor, N.1, 1881 es prueba fiel del esfuerzo temprano por establecer una base de fiscalización y transparencia en la gestión del erario destinado a fondos educativos en la Argentina.

¿Por qué hoy debería sorprendernos el exigir auditorías de los fondos destinados a instituciones educativas en cualquiera de sus niveles? ¿Cómo podemos siquiera cuestionar la necesidad de auditar las instituciones educativas que se financian en base a los impuestos recaudados a todos los argentinos?

Es obvio que la supervisión rigurosa de los fondos asignados a las instituciones educativas no solo previene el desvío de recursos, sino que asegura que lleguen a donde verdaderamente se necesitan. Inspirados en las bases de transparencia ya establecidas en aquella lejana Argentina de 1881, las auditorías no solo deberían ser vistas como una herramienta de control, sino como un instrumento para asegurar la adecuada asignación de recursos, que permita reducir la desigualdad en el acceso a la educación que hoy debería avergonzarnos como sociedad.