Inestabilidad política y pobreza
Los sueños de superar la pobreza en América Latina se topan con el muro de la constante inestabilidad política.
La región ha experimentado grandes altibajos en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto: el indicador fue negativo en 2009, debido al impacto de la crisis financiera de 2008. Se volvió a desplomar en 2020, producto del encierro promovido por los gobiernos para frenar la pandemia. El crecimiento más elevado que ha visto la región fue en 2010, con un repunte de 6.7%, y en 2021, 6.8%, según datos del Banco Mundial.
Estas tasas de crecimiento son insuficientes para catapultar a nuestros países hacia el progreso. Además, son esporádicas. Según Statista, la región había hecho avances en el combate a la pobreza entre el 2000 y el 2012, pero desde el 2015, el número de personas que viven en pobreza o extrema pobreza aumentó, y la pandemia vino a empeorar la situación. El Instituto Brookings confirma esta tendencia: la población latinoamericana viviendo en la pobreza cayó de 45% en 2000, a 25% en 2014, si usamos U.S. $4.00 al día como la línea base de la pobreza. El Banco Mundial estima que un tercio de la población de América Latina y el Caribe podría recaer en la categoría de pobre, ya sea por perder su trabajo, o por ser víctima de un desastre natural o una crisis macroeconómica.
Nada es más dramático que la destrucción de la riqueza en Venezuela bajo el socialismo chavista, pues la pobreza en dicho país se incrementó un 24% entre 1999 y 2007. (Nueva Sociedad) Se estima que han salido 7.7 millones de venezolanos del país; la gran mayoría de los migrantes buscan asilo en otros países de América Latina. El puntaje de Venezuela en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage se vino abajo de 58.6/100 en 1995, a 28.1 en 2024. Pasó de ser un país parcialmente libre, a figurar como uno de los regímenes más represivos del mundo.
Otros países de América Latina también han vivido momentos de alta volatilidad política, con destructivas manifestaciones y bloqueos. Brasil, que parecía listo para el despegue económico, protagonizó un aparatoso escándalo de corrupción que salpicó a varias naciones vecinas y que culminó en la condena al presidente Lula da Silva: el caso de la constructora Odebrecht. También fueron notables las masivas protestas en Ecuador, en 2019, en rechazo a las medidas de austeridad declaradas por el presidente Lenin Moreno. Poco después, en Chile violentos bochinches redundaron en un metro y varias iglesias incendiadas. Chile fue durante décadas nuestro referente económico, y pese al progresismo del actual gobierno de Gabriel Boric, sigue recibiendo la nota más alta en la región y una clasificación de ser mayormente libre en el Índice de Libertad Económica.
Se habla incluso de una “Marea Rosa” debido al viraje hacia la izquierda en México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, Colombia, Brasil y Guatemala. Los gobiernos de izquierda prometen priorizar a los desvalidos, pero en la práctica tienden a acentuar en vez de remediar la pobreza, porque creen en el dirigismo estatal y desconfían de los actores económicos dejados en libertad.
La estabilidad política depende de transiciones electorales pacíficas, pero también requiere de mantener vigentes en el largo plazo políticas públicas favorables a la productividad económica. Debemos lograr que los distintos partidos políticos que lleguen al poder tengan un efecto negligente en la economía, independientemente de su ideología. Es decir, debemos proteger siempre la libertad individual para producir, consumir e intercambiar en paz, de tal forma que los miembros creativos y trabajadores de la sociedad puedan crear riqueza.
La autora estudió Ciencias políticas y Economía en Dartmouth College, en New Hampshire y Obtuvo una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. EE. UU.. Es profesora universitaria de análisis económico de la política, desarrollo económico e historia; miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Económico-Sociales(CEES) y de la Asociación Familia, Desarrollo y Población (FADEP); y de la Sociedad Mont Pelerin.
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