Ley de Etanol: ¿beneficioso o costoso?

El 1 de marzo de 1985 se promulgó la Ley de Alcohol Carburante (decreto ley número 17-85). Esta legislación tenía como propósito sustituir ciertos aditivos antidetonantes y que también aumentan el octanaje en las gasolinas por etanol, tal como sucede en Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, según José (Pepo) Toledo, en sus estudios Daños del etanol en autos y motos (actualizado el 17/02/2025) y El costo de distribuir etanol (actualizado 13/01/2025), era necesario adecuar los tanques de almacenamiento, las mangueras de las gasolineras y los automóviles. ¿Por qué? Para evitar el daño que puede causar el uso de ciertas cantidades de etanol en la mezcla de combustibles y en los motores de los vehículos. Así las cosas, aún no ha entrado en vigor la Ley del Alcohol Carburante.

Sin embargo, hay un grave peligro porque el 10 de julio de 2023 se aprobó el acuerdo gubernativo 159-2023 del Ministerio de Energía y Minas, el cual obliga al uso forzoso de etanol en las gasolinas. El año en que debía entrar en vigor esta obligación era 2024, pero se prorrogó inicialmente a 2025 y posteriormente a 2026.

Esta ley representa un abuso por parte del Gobierno, que, bajo la dudosa justificación de reducir la contaminación ambiental, está forzando a la gente a consumir un producto cuyo beneficio para el medioambiente no está claro, si se considera el ciclo de vida completo del etanol. Esto incluye desde la siembra de caña de azúcar o maíz, dependiendo de la procedencia, hasta su conversión en etanol, transporte y adaptación de tanques y vehículos. Todo esto implica un incremento en los costos de la gasolina, ya que el etanol al 10% en combustibles, que es lo que se pretende, causa una reducción en la eficiencia del combustible en comparación con lo que se usa actualmente, el MTBE (Metil Tercio Butil Éter). Aparte, hay que invertir en la adaptación de todo el equipo de almacenamiento de combustibles, las mangueras de las bombas en las gasolineras, etc., lo cual no es un gasto menor. Además, los dueños de los vehículos que usarán esta mezcla, es decir, todos, por obligación, deberán adaptar sus automóviles para evitar mayores daños a sus tanques y motores.

Me pregunto, ¿cómo es posible que se promulgue una ley que obliga el uso de un producto, el etanol en combustibles, cuando no está plenamente comprobado que, durante todo su ciclo de vida, habrá beneficios para el medioambiente o para los consumidores? ¿Por qué, si algo es tan bueno, se debe obligar a utilizarlo por decreto? De acuerdo con los estudios de Toledo, “será necesario cambiar el carburador a 2.7 millones de motos de baja cilindrada existentes y muchas más tendrán que reemplazar o reparar el tanque de combustible para poder usar mezclas de gasolina con etanol. En total, cada dueño de moto deberá gastar entre Q1,000 y poco más de Q2,000 para adaptarla al uso de mezcla con etanol”. Además, las motos nuevas podrían experimentar un incremento del 50% en su precio, solo por venir adaptadas para este tipo de combustible. En términos de distribución, “se requerirán millonarias inversiones para cambiar o limpiar los depósitos y mangueras de 2,000 gasolineras, 3,000 camiones cisterna, 700 depósitos de almacenamiento y decenas de miles de tanques industriales reutilizables. El costo será trasladado al público consumidor mediante un aumento en el precio por galón”.

No se ha escuchado mucho al respecto en la prensa ni en otros noticieros. Poco se ha comentado sobre esto. Los gobiernos, en contubernio con mercantilistas oportunistas, ha logrado que esta ley, aunque se prorrogue, siga vigente. ¿Dónde queda la libre competencia y la libertad de elección? Lo que urge es derogar esta nefasta ley.

El autor es empresario, catedrático universitario y Director del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).