Público versus privado

Se revocó en 2023 la concesión para operar la autopista Palín-Escuintla que durante 25 años tuvo la empresa mexicana Marhnos S.A..  La justificación de tal medida fue que la carretera debía pasar a manos de la Dirección General de Caminos (DGC) para que los usuarios gozaran del bien sin límite ni costo.  Pero los usuarios ya no pudimos usar la carretera, o soportamos larguísimas colas para atravesarla, tan solo meses después de que el gobierno tomó el control, debido a un socavamiento en el kilómetro 44.  Ningún bien es más caro que aquel que no se tiene.  Tardaron nueve meses en reparar el daño.  El hundimiento se conviritó en un símbolo de la incompetente ejecución de la Administración Arévalo-Herrera.

El socavamiento también es una clara advertencia en contra de idealizar al sector público y menospreciar al sector privado.  La prolongada reparación del hundimiento dejó al desnudo las claves de la ineficiencia estatal que derivan de la naturaleza monopolística del gobierno, la falta de competencia y la burocracia atrincherada.  El desperdicio, el despilfarro y la inferior calidad de los servicios son el resultado de un andamiaje que engendra complejas regulaciones, concentra el poder y subsiste de los impuestos.

Los gobiernos crean burocracias para sacar adelante las tareas que se proponen ejecutar, y las financian mediante los ingresos al erario por impuestos o deuda.  Estos despachos tienden a implantar trámites engorrosos y a contratar empleados en exceso.  Privan los criterios políticos para asignar el presupuesto de cada burocracia. No hay premios para un trabajo excelente, ni castigos para uno mediocre.  Frente al monopolio, el cliente no puede elegir otro oferente.  Al burócrata le es indiferente qué quiere la ciudadanía y cuál es su grado de satisfacción con el servicio público, porque su salario no se amarra a metas concretas de desempeño.  Emergen oportunidades de colusión entre legisladores, burócratas y ciertos empresarios para proteger intereses especiales y desviar fondos públicos hacia sus bolsillos.  En el sector público, es prácticamente imposible desmantelar una burocracia una vez creada, y no existen mecanismos para eliminar los errores cumulativos que se cometen.

A veces, funcionarios conscientes promueven reformas superficiales como retocar procesos, reorganizar el personal o reducir el desperdicio, sin entrarle al meollo del problema: la estructura jerárquica, rígida y lenta de las burocracias estatales que ahoga la innovación y creatividad.

En contraste, en el dinámico sector privado nacen, crecen y mueren empresas conformadas por personas que ahorran, asumen riesgos e invierten.  Estos emprendedores detectan las necesidades insatisfechas de sus conciudadanos, y absorben los costos de sus malas decisiones cuando se equivocan; quiebran aquellas iniciativas mal administradas que no rinden utilidades.  En un mercado privado y competitivo, los clientes pueden elegir entre varios productos de diversa calidad y precio.  Allí sí existen mecanismos para premiar la eficiencia.

En otras palabras, el sector privado sirve al interés público al propiciar conductas ahorrativas y eficientes. Aprovecha la información particular de tiempo y circunstancia y brinda a los clientes los bienes preferidos a precios competitivos.  Los oferentes compiten entre sí para mejorar los procesos de producción, la calidad del bien y la celeridad en la distribución.  Innovan e inventan.  Surgen miles de alternativas de cooperación mutua porque el poder está descentralizado.

Los ciudadanos deberíamos clamar por servicios privados de carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, reservas ambientales y otros servicios esenciales.