El corporativismo que no se fue

En tiempos recientes vimos protestar a diferentes “sectores” sociales, entre ellos los
sindicatos salubristas, los motoristas, la gremial de transporte de carga y hasta unos
vendedores informales organizados.  Tales manifestaciones nos recuerdan que
América Latina sigue cargando con un tipo de organización estatal que muchos
pensaban superado: el corporativismo. Este modelo, heredado de España y Portugal,
se basa en una idea simple pero poderosa: ciertos grupos de interés —como
sindicatos, cámaras empresariales o cooperativas— no solo influyen en el Estado, sino
que forman parte de él. Participan en la toma de decisiones y negocian directamente
con el gobierno como actores privilegiados. 

En teoría, el corporativismo crea participación política y permite un equilibrio entre
sectores. En la práctica, ha servido para crear una red de favores, prebendas y
privilegios que se perpetúa en el tiempo. Como señaló el politólogo David Collier
cuando trazó la evolución del término corporativismo, desde los años setenta los
académicos empezaron a notar cómo en América Latina el poder se organiza de forma
jerárquica y monopolizada.  El Estado funge como árbitro supremo de las relaciones
sociales y económicas.

El corporativismo ha evolucionado. Ya no son sólo los viejos terratenientes o caudillos
quienes dominan la escena. Hoy han sido reemplazados por nuevos actores:
profesionales educados, sindicatos, partidos de masas, medios de comunicación,
grupos de presión ambientalistas, y otras asociaciones cívicas. Estos grupos han
encontrado en el Estado una plataforma para negociar y ejercer poder, manteniendo
vivas las viejas dinámicas del mercantilismo, donde las relaciones y el acceso al poder
valen más que la competencia libre en el mercado, o la innovación.

El economista argentino Jorge Bustamante hace una cruda reflexión respecto de la
situación en su país: “Toda la sociedad argentina está parcelada en territorios grandes
o pequeños de privilegio. Dicho de otro modo: toda la sociedad está comprometida
con el statu quo y todas las actividades deberían modificarse para que el progreso sea
posible”.  En 1988, Bustamante publicó La República Corporativista, un libro que se
convirtió en un clásico. En 2023, decidió reeditarlo. Sólo hizo un cambio: el subtítulo,
que ahora dice “Nada cambió”. Según Bustamante, el gobierno actúa como “el
arquitecto y árbitro final de todas las relaciones económicas”, aprobando normas
específicas y asignando recursos según la presión de los distintos sectores. Esta forma de gobernar, advierte, genera distorsiones en la economía, fomenta la ineficiencia y
lleva a la ingobernabilidad y a la parálisis estatal.

Este diagnóstico no aplica solo a Argentina. En gran parte de América Latina, el
corporativismo sigue vivo, adaptado a nuevas formas pero con el mismo resultado:
una sociedad fragmentada, donde avanzar implica desafiar los intereses de quienes,
desde hace mucho, se han acostumbrado a tener un lugar asegurado en la mesa del
poder.

El antídoto es reemplazar los modelos mentales grupales con un modelo centrado en
la persona, dotada de derechos inalienables.  Cada ciudadano vale, así encaje o no en
uno de los sectores, gremios o grupos de presión.  Vale, aunque no se movilice ni llame la atención del gobernante con palos y machetes.  En un modelo centrado en el
individuo, no atropellamos los derechos unos de otros ni usamos el gobierno para
intimidar, expoliar o marginar al otro.  No llevamos todas nuestras preocupaciones a
los pies de los gobernantes como si fuéramos víctimas indefensas, sino buscamos
soluciones mediante la asociación voluntaria y la ayuda mutua privada.