El mudo martirio de la presa del comandante Chávez

El País, Madrid

Sale
de la prisión domiciliaria María Lourdes Afiuni, juez encarcelada por órdenes
del fallecido presidente de Venezuela. Pero tiene prohibido hablar a la prensa
y usar las redes sociales.

María
Lourdes Afiuni está sentada en la oficina de su abogado, José Amalio Graterol,
pero no puede hablar en presencia de un periodista, así que Graterol, un hombre
alto, muy blanco y corpulento, hará en esta información de ventrílocuo de la
juez venezolana. Ya se verá por qué. Antes de narrar esta escena toca
presentarla con el calificativo que exhibe en la historia contemporánea de
Venezuela: Afiuni es la presa del comandante Hugo Chávez.

El
10 de diciembre de 2009 la vida de esta mujer, alta y robusta, que fuma una
cajetilla diaria de cigarrillos y a veces dos, cambió para siempre. Ese día le
tocaba presidir como titular del Tribunal 31 Penal en funciones de control la
audiencia preliminar del banquero Eligio Cedeño, quien estaba preso desde
febrero de 2007 acusado de obtener dólares de modo fraudulento y de contrabando
por simulación de importación. Cedeño era entonces presidente del Banco
Canarias, la institución que gestionó ante la Comisión de Administración de
Divisas (Cadivi) el dinero aprobado al Consorcio Microstar -28 millones de dólares-
para que importara ordenadores en 2003. Las autoridades venezolanas presumieron
entonces que tal importación jamás había ocurrido y que tanto el banquero como
el presidente del consorcio, Gustavo Arráiz, pretendían hacerse de las divisas
a precios preferenciales.

Cedeño
encajaba en el perfil del boliburgués,
un mote despectivo de amplia significación entre los venezolanos, que alude a
todos aquellos empresarios que hicieron súbita fortuna con la irrupción de la
llamada Revolución Bolivariana. Este empresario tenía una casa de bolsa, Cedel,
que hizo buenas operaciones aprovechando el control de cambios aún vigente en
Venezuela, y compró dos bancos –Bolívar Banco y Banpro- que le permitieron
tener mucha influencia en los medios de comunicación y ser considerado como un
jugador agresivo en el sistema financiero. Pero este hombre de pronto había
caído en desgracia después de financiar la fuga de un enemigo del gobierno, el
sindicalista Carlos Ortega, quien lideró la huelga petrolera de diciembre de
2002 y tuvo una participación colateral en el golpe contra Hugo Chávez de ese
mismo año.

A
María Lourdes Afiuni le tocaba decidir la suerte de un banquero que llevaba dos
años y diez meses encarcelado sin que se celebrara la audiencia preliminar. Las
leyes venezolanas prohíben mantener privada de su libertad a la persona que
haya pasado dos años detenida sin condena. Las grotescas dilaciones de su caso
llevaban a pensar a los observadores y a la oposición que a Cedeño le estaban
cobrando algo más que el hecho de defraudar al Estado. Era un caso que ya
cobraba visos de escándalo. El secretario del Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria de la ONU había enviado una comunicación a la juez en la
que señalaba las transgresiones de este caso a varios artículos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos. Por todo esto pedían que al banquero se le dejara
en libertad provisional hasta tanto terminara el juicio.

Con
todos esos elementos Afiuni decidió liberar al empresario, prohibirle la salida
del país y ordenarle que se presentara cada quince días ante el tribunal. Fue
el inicio de su desgracia. Una hora después había sido esposada y llevada hasta
la sede de la policía política venezolana desconociendo, de acuerdo con el
abogado Graterol, el debido proceso. Uno de los fiscales del caso Cedeño fue el
encargado de ordenar su detención. En el libro Afiuni, la presa del comandante, el
periodista Francisco Olivares relata lo que este hombre, llamado Daniel Medina,
le dijo a la jueza después de que ésta emitió la boleta de excarcelación a
Cedeño:

-”Te
vas a joder. Ahora vas a ocupar el lugar de él si no lo llegamos a atrapar”.

Al
día siguiente, 11 de diciembre de 2009, el propio Hugo Chávez terció en el caso
en una de sus acostumbradas intervenciones televisadas. Ese día comenzó lo que
Graterol ha llamado “efecto Afiuni”. “Los jueces tienen ahora la conciencia
secuestrada por el Ejecutivo. Ya no son autónomos, sino que reciben órdenes”.
No fue poca cosa lo que dijo Chávez aquella noche. La calificó de bandida y
luego agregó: “Yo exijo dureza contra esa jueza (…) Habrá que meterle pena
máxima. ¡30 años de prisión pido yo a nombre de la dignidad de un país!”. Diez
días después el comandante volvió a la carga. Frente a la presidenta del
Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, y la Fiscal General de la
República, Luisa Ortega Díaz, el mandatario insistió: “Si a un homicida le
salen 30 años de prisión, yo le pondría 35. Y no en una oficina por allí, ¡no!
Donde debe estar. En una prisión”.

Para
explicar gráficamente lo que le ocurrió desde ese día, Graterol le pide a la
juez que levante la pierna. La mujer viste un suéter ligero a franjas
horizontales blancas y violetas, pantalón blanco de algodón y zapatillas chatas
de color turquesa. De pronto, con el pie sobre el escritorio, Afiuni se remanga
el pantalón para dejar ver la pulsera que rodea su tobillo y las heridas de
guerra que le quedaron catorce meses en la principal cárcel de mujeres de
Venezuela. “Esa”, señala Graterol la cicatriz más grande, “se la hicieron con
una hojilla”. Sobre el pedazo de piel que recubre la tibia destaca una línea
blanca. “Ella tuvo que aprender a defenderse. Tuvo que comprar un chuzo
(cuchillo artesanal) por 60 bolívares (unos ocho euros al cambio oficial). La
cárcel te convierte en un ser primitivo”. La juez compartió el mismo espacio
con mujeres que había condenado antes de cobrar la triste celebridad que hoy
tiene. Según su abogado, una de ellas recibió la orden de matarla para saldar
una deuda por drogas.

El
pasado viernes 7 de junio el Ministerio Público pidió una medida judicial menos
dura que el arresto domiciliario, que fue concedida por los tribunales ocho
días después. Algunos analistas consideran que la decisión esta en consonancia
con el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro por obtener
legitimidad plena de la comunidad internacional, mostrando un perfil más
moderado que el de su antecesor. Esa estrategia está rindiendo sus frutos.
México ya se ha desmarcado de la polémica elección que lo dio como ganador al
asegurar que no recibirá al líder de la oposición, Henrique Capriles, para no
fijar posición en un asunto –el controvertido resultado de los comicios- que
consideran como un caso de política interna.

Esta
decisión estuvo precedida por dos reuniones muy importantes: la del 5 de junio,
cuando el canciller Elías Jaua se reunió con el secretario de Estado John Kerry
para recomponer una relación destrozada por las intemperancias de Chávez y las
provocaciones de Washington, y la del pasado lunes 17 entre el presidente
Maduro y el papa Francisco. El abogado José Amalio Graterol considera que lo
que se ha escuchado en el juicio oral y público, que se inició el 28 de
noviembre, deja muy mal parado al gobierno en materia de derechos humanos.
“Miembros de las organizaciones internacionales presentes envían informes
demoledores. Eso quizá haya influido”.

María
Lourdes Afiuni esperará en libertad condicional hasta que culmine el juicio.
Mientras tanto no puede hablar de su caso con la prensa ni tampoco escribir en
las redes sociales. Hasta el viernes pasado solía redactar entre cuatro y cinco
tuits diarios. Por ahí drenaba el largo hastío que ha vivido y que se ha
reflejado en su salud. Desde 2009 la han operado tres veces –una histerectomía
y la reconstrucción de la vejiga, entre ellas- y su abogado asegura que tiene
problemas renales, en un seno y en la vista. Afirma Graterol que ahora que la
juez puede caminar libremente por la calle voltea inconscientemente hacia los
lados, como si estuviera buscando a los policías que la siguieron hasta en los
momentos más íntimos durante los últimos 42 meses. “Afiuni ya ha sufrido
suficiente”, dijo Noam Chomsky en una declaración pública hace dos años. Su
mudo martirio continuará durante algunos meses. Si los cálculos de la defensa
se cumplen el juicio debería terminar el próximo noviembre, a pocos días de
cumplir cuatro años como la presa del comandante. En caso de que sea declarada
culpable de los delitos que le ha imputado la fiscalía –abuso de autoridad y
favorecimiento para la evasión de un detenido- su pena no debería ser superior
a los 45 meses de prisión.