El Futuro de la Reforma Energética en México

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Tras una accidentada discusión en el Congreso, México cuenta ya con una reforma en materia energética, que podría revertir décadas de atraso petrolero del país y terminar con 75 años de prohibición de la participación privada en materia de energía, desde la nacionalización petrolera de 1938. Aunque pasará tiempo hasta que comiencen a notarse sus efectos: La mayoría de los expertos señalan que no será sino hasta finales de 2015 cuando se concrete la llegada al país de las primeras empresas extranjeras interesadas en el sector energético, y sus reales resultados en cuanto a mayor producción de crudo y mayor crecimiento económico podrían verse entre cinco y diez años después. Esto, en un escenario en donde Estados Unidos está garantizando su autosuficiencia energética.

En síntesis, la reforma mexicana modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución nacional, con lo cual se permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del país. Adicionalmente, abre la puerta para que el Gobierno mexicano pueda suscribir contratos con la inversión privada para la exploración y extracción de petróleo, y que las contraprestaciones para los particulares vayan desde dinero hasta la entrega de los hidrocarburos. De cualquier modo, la reforma descarta la entrega de concesiones a particulares e insiste en el mito nacionalista de que el petróleo es propiedad de la Nación de manera inalienable e imprescriptible, un mito que ha alimentado las cuentas bancarias y el fastuoso tren de vida de políticos, burócratas, sindicalistas y sus allegados.

Aunque la llamada Reforma Energética es una combinación de las iniciativas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto y el PAN (oposición, conservador), no puede atribuirse en estricto sentido al PAN, si bien este partido incluyó aspectos importantes que mejoraron su atractivo para los inversionistas, tales como los contratos con participación en la producción y las licencias que otorgan la propiedad del producto extraído. En realidad, el resultado final de la reforma debe atribuirse al PRD (oposición, de izquierda) y a la izquierda en general, quien al negarse a intervenir en la hechura de la misma, en el marco del llamado Pacto Por México, y a discutirla seriamente en el Congreso, sino en la plaza y calles adyacentes al Senado, abrió los canales para ampliar los alcances de la reforma, permitiendo una mayor intervención privada. En buena medida, la Reforma Energética fue una derrota política y cultural de la izquierda mexicana, endilgada por sí misma.

Por ahora, la reforma sólo establece los lineamientos generales indicados para la apertura del sector, y poco más, quedando todo por desarrollar. Así, están pendientes las leyes y otras normas que reglamentarán la reforma, aunque para dictarlas el gobierno mexicano y su partido, el PRI, en estricto sentido no requerirán de ninguna alianza con los partidos de oposición. Esto podría frenar la nueva regulación y sembrar de baches todo el proceso de implementación, revirtiendo algunos logros y dando pie a cuotas más altas de corrupción, opacidad y concentración en el sector petrolero, lo que seguramente afectaría la confianza de los inversionistas, quienes en un contexto de frenéticas inversiones energéticas en EEUU, junto a la implantación de medidas para reducir el consumo de vehículos, podrían no estar entonces interesados en llegar a México (ni a América Latina, ni a Medio Oriente, desinteresándose de todo lo que suceda en esas regiones). En tal sentido, habrá que estar pendiente en los meses venideros, porque no todo está dicho en la reforma.

Aunque la reforma podría tener un importante impacto en la modernización petrolera de México y en su capacidad de producción, las cuales el país no podía realizar por sí solo, debe prestarse atención a un hecho de capital importancia: La verdadera Reforma Energética será cuando termine el monopolio estatal petrolero encabezado por PEMEX (y por extensión de la CFE, monopolio eléctrico) y ésta desaparezca o concurra en el mercado en condiciones de igualdad con otras empresas privadas. Incluso cuando PEMEX sea privatizada, aún de manera minoritaria, como sucedió hace unos días con PetroPerú, aunque la persistencia en su interior de un sindicato tan corrupto y políticamente poderoso como el STPRM hace inviable tal opción. Sólo la privatización de todo su sector energético podría preparar a México para enfrentar con cierta posibilidad de éxito un futuro inquietante. Sin ello, la actual reforma es una más, sujeta a la arbitrariedad de nuestros actores políticos y por ello, sin garantía de ningún resultado.

La actual Reforma Energética mexicana es un paso, en la dirección correcta, a la modernidad. Pero sólo es un paso. Y no el más amplio ni decisivo que pudo darse.

Por ahora, brindo con todos ustedes, lectores, por una Navidad Feliz y un Año Nuevo lleno de bienestar y éxitos.